“La restauración ecológica es una forma de justicia para la naturaleza y para quienes dependen de ella.”
México se encuentra en un momento decisivo de su historia ambiental. La advertencia de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sobre la pérdida anual de más de 155 mil hectáreas de cobertura forestal y la existencia de “infiernos ambientales” como la presa El Ahogado o el río Sonora, no es solo un diagnóstico técnico: es un grito de alerta sobre un modelo de desarrollo que ha marginado a comunidades, devastado ecosistemas y profundizado desigualdades.
La deforestación como síntoma de un modelo extractivista
La pérdida de cobertura forestal no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de políticas públicas que han privilegiado la expansión agrícola, la urbanización descontrolada y la minería sobre la conservación ambiental. Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México pierde aproximadamente 155 mil hectáreas de bosques al año. Esta deforestación no solo amenaza la biodiversidad, sino que también agrava la crisis climática al reducir la capacidad de captura de carbono y alterar los ciclos hidrológicos.
Concentración de poder y cultura de privilegios
Uno de los aspectos más preocupantes señalados por Bárcena es la concentración de permisos ambientales en manos de cinco o seis familias que dominan sectores estratégicos como el turismo y la minería. Esta “cultura de privilegios” no solo perpetúa la desigualdad económica, sino que también impide una gestión democrática y equitativa de los recursos naturales. La justicia ambiental, en este contexto, implica desmantelar estructuras de poder que han despojado a comunidades enteras de sus territorios y medios de vida.
Justicia ambiental: una nueva política ecológica
La afirmación de Bárcena de que “no puede existir mejora ambiental sin justicia social” marca un cambio de paradigma. La política ecológica ya no puede limitarse a la conservación de especies o paisajes; debe integrar los derechos de las comunidades, la equidad en el acceso a los recursos y la participación activa de la sociedad civil. La meta de restaurar 50 sitios altamente deteriorados y reforestar 200 mil hectáreas de bosques y manglares es ambiciosa, pero solo será efectiva si se acompaña de mecanismos de gobernanza inclusiva y transparencia institucional.
Manglares y costas: ecosistemas en riesgo
Con más de 12 mil kilómetros de costas, México posee una de las franjas litorales más ricas del continente. Sin embargo, el desarrollo turístico y la expansión urbana han provocado la destrucción sistemática de manglares, ecosistemas clave para la protección costera, la biodiversidad marina y la captura de carbono. Su restauración no es solo una cuestión ambiental, sino una estrategia de adaptación climática y de justicia territorial para las comunidades costeras.
Conflictos socioambientales: el rostro humano de la crisis
América Latina concentra una cuarta parte de los conflictos socioambientales del mundo. En México, megaproyectos como trenes, presas o minas a cielo abierto han generado tensiones profundas con pueblos indígenas y comunidades rurales. Estos conflictos no son simples desacuerdos técnicos, sino expresiones de una lucha por el territorio, la identidad y el derecho a decidir sobre el propio futuro. La ciencia, como bien señaló el rector de la UNAM, no puede ser neutral ante la injusticia: debe posicionarse como aliada de los pueblos y de la vida.
Restauración ecológica y resiliencia climática
La restauración de ecosistemas no es solo una medida correctiva, sino una estrategia de futuro. Como subrayó Rosaura Ruiz, fortalecer la resiliencia ante el cambio climático requiere reconstruir los sistemas naturales que sostienen la vida. Esto implica no solo reforestar, sino también recuperar suelos, cuerpos de agua y corredores biológicos. La participación de la comunidad científica, junto con el saber local y tradicional, es clave para diseñar soluciones sostenibles y culturalmente pertinentes.
Reto Ambiental en México
México enfrenta una tragedia ambiental que no puede abordarse con soluciones fragmentadas ni con discursos vacíos. Se requiere una transformación profunda del modelo de desarrollo, una redistribución del poder y una política ecológica con enfoque humanista. La justicia ambiental no es un lujo, sino una condición para la paz, la equidad y la supervivencia. En este contexto, el papel de líderes éticos, comunicadores comprometidos y ciudadanos informados es más crucial que nunca.
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
