«La prensa libre debe ser no solo un derecho, sino la garantía de todos los demás derechos.» Benjamin Constant
La violencia contra periodistas en México se ha convertido en un fenómeno sistemático que refleja la fragilidad del Estado de derecho y la persistencia de estructuras de corrupción y crimen organizado. Desde el año 2000, Veracruz, Guerrero y Oaxaca figuran como los estados más peligrosos para ejercer la profesión, acumulando decenas de asesinatos que, en su mayoría, permanecen en la impunidad.
Los datos son alarmantes: hasta noviembre de 2025, la UNESCO contabiliza 12 periodistas asesinados en el sexenio de Claudia Sheinbaum, de los cuales 10 ocurrieron en lo que va del año. Esta cifra se acerca peligrosamente a los 13 casos registrados en 2022, considerado el año más violento para periodistas en las últimas dos décadas según Artículo 19.
La distribución geográfica revela patrones claros:
Veracruz encabeza la lista con 31 asesinatos desde el 2000, 18 de ellos durante el gobierno de Javier Duarte, en un contexto marcado por corrupción y vínculos con el crimen organizado.
Guerrero ocupa el segundo lugar con 19 casos, seguido de Oaxaca, Chihuahua y Tamaulipas, con 15 cada uno.
Otros estados como Sonora, Sinaloa y Guanajuato también muestran cifras preocupantes.
En el plano histórico, los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador registraron entre 47 y 48 asesinatos cada uno, reflejando que la violencia contra periodistas no es coyuntural, sino estructural.
La UNESCO coloca a México como el segundo país más peligroso del mundo para comunicadores, solo detrás de Irak, y el más riesgoso de toda Latinoamérica. Esta clasificación no solo mide la violencia física, sino también la falta de garantías institucionales para el ejercicio de la libertad de prensa.
La violencia contra periodistas en México no puede entenderse únicamente como un problema de seguridad pública. Es, ante todo, un problema democrático: cuando se asesina a un periodista, se asesina también el derecho de la sociedad a estar informada. La impunidad, la corrupción y la colusión entre autoridades y grupos criminales han creado un entorno donde informar se convierte en un acto de alto riesgo.
La precarización laboral y la falta de protección institucional agravan la crisis. Los periodistas independientes, freelancers y corresponsales locales son los más vulnerables, pues carecen de respaldo económico y jurídico. La ausencia de políticas públicas efectivas para protegerlos perpetúa un círculo de violencia y silencio.
La violencia contra periodistas en México es una herida abierta que exige respuestas inmediatas y estructurales. No basta con condenar los hechos: se requiere garantizar justicia, fortalecer mecanismos de protección y combatir la impunidad. Defender a los periodistas es defender la democracia misma.
«El periodismo no es un crimen.» Lema internacional de defensa de la libertad de prensa
Dr. Amín Cruz CEO, presidente y fundador del Congreso Hispanoamericano de Prensa y del Congreso Mundial de Prensa; Padre Embajador del Periodismo Hispanoamericano y Latinoamericano, diplomático, periodista, historiador, escritor y educado
