«La libertad de expresión es la piedra angular de todos los derechos que defienden las Naciones Unidas.» Kofi Annan
La irrupción de la inteligencia artificial generativa prometió ampliar las fronteras del conocimiento, acelerar la innovación y transformar la productividad global. Sin embargo, detrás de esta revolución tecnológica emerge una realidad inquietante: la violencia de género facilitada por la tecnología. A través de algoritmos, deepfakes y campañas coordinadas de acoso digital, este fenómeno se ha convertido en un mecanismo cada vez más eficaz para expulsar a las mujeres del espacio público y restringir su participación en la conversación democrática.
El reciente informe Tipping Point: Online Violence Impacts, Manifestations and Redress in the AI Age, publicado por ONU Mujeres, revela con cifras alarmantes cómo esta forma de violencia se ha intensificado en los últimos años. Entre los grupos más afectados destacan las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación, quienes enfrentan ataques sistemáticos destinados a desacreditar su labor profesional, minar su credibilidad y limitar su libertad de expresión.
La autocensura como refugio: un golpe silencioso a la libertad de prensa
El estudio, basado en las respuestas de 641 mujeres de 119 países, demuestra que el impacto de la violencia digital ya no puede medirse únicamente por la cantidad o la agresividad de los ataques en línea. Su consecuencia más preocupante es el efecto inhibidor que provoca sobre el ejercicio periodístico.
Mientras que el 41 % de las mujeres encuestadas reconoce haberse autocensurado en plataformas digitales como mecanismo de protección, esta cifra asciende al 45 % entre las periodistas y trabajadoras de medios. Comparado con los resultados de una encuesta realizada en 2020, el incremento resulta alarmante: la autocensura en este sector aumentó un 50 %, pasando del 30 % al 45 %.
La situación se agrava al interior de los propios espacios laborales. Más de una de cada cinco periodistas (22 %) afirma haberse autocensurado dentro de su lugar de trabajo para evitar represalias, hostigamiento o estigmatización. Este dato evidencia no solo un problema de violencia digital, sino también una creciente fragilidad institucional en los entornos informativos.
Para los organismos internacionales, esta presión sistemática persigue un objetivo concreto: silenciar las voces críticas, debilitar el periodismo independiente y restringir el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y diversa.
La inteligencia artificial generativa: un acelerador de la violencia basada en imágenes
El informe advierte que la inteligencia artificial se ha convertido en un poderoso amplificador de la misoginia digital. Las agresiones ya no se limitan a insultos o amenazas; ahora incluyen herramientas tecnológicamente sofisticadas capaces de causar daños profundos a la reputación, la seguridad y la salud emocional de las víctimas.
Entre las principales manifestaciones destacan:
- Difusión no consentida de imágenes: el 12 % de las mujeres encuestadas reportó la divulgación de fotografías personales, incluyendo contenidos íntimos o sexualizados.
- Manipulación mediante deepfakes: el 6 % afirmó haber sido víctima de imágenes o videos falsificados mediante inteligencia artificial, en los que se alteró su rostro o cuerpo para generar contenido engañoso.
Estas tecnologías permiten crear representaciones hiperrealistas que pueden “desnudar” digitalmente a mujeres y niñas o simular situaciones sexuales inexistentes. La velocidad de producción y difusión de estos materiales, sumada a la capacidad de viralización de las plataformas digitales, convierte a la IA generativa en una herramienta especialmente peligrosa cuando se utiliza con fines de violencia y control social.
En contextos marcados por la polarización política, la desinformación y el auge de tendencias autoritarias, estas prácticas son utilizadas para desacreditar a periodistas que investigan temas sensibles o cuestionan estructuras de poder.
El coste oculto: salud mental, desgaste profesional y búsqueda de justicia
La violencia digital tiene consecuencias tangibles que trascienden el ámbito virtual. El informe de ONU Mujeres documenta impactos severos en la salud física, mental y emocional de las víctimas.
Según el estudio, el 24 % de las mujeres encuestadas ha recibido diagnóstico o tratamiento por ansiedad o depresión vinculadas al acoso digital, mientras que el 13 % manifestó síntomas asociados al trastorno por estrés postraumático. Entre las periodistas, una de cada cuatro experimenta cuadros de ansiedad o depresión relacionados directamente con estas agresiones.
A pesar del profundo desgaste emocional que implica enfrentar estas situaciones, el informe identifica un incremento en la disposición de las víctimas para recurrir a mecanismos institucionales de denuncia.
- El porcentaje de periodistas que denunciaron el ciberacoso ante la policía pasó del 11 % en 2020 al 22 % en 2025.
- Las acciones legales emprendidas por comunicadoras crecieron del 8 % al 14 % durante el mismo periodo.
No obstante, especialistas y organismos internacionales advierten que la responsabilidad de documentar, denunciar y probar estas agresiones sigue recayendo principalmente sobre las víctimas. Mientras tanto, las plataformas tecnológicas y numerosos marcos jurídicos nacionales continúan mostrando limitaciones para prevenir, investigar y sancionar eficazmente estas conductas.
Un derecho colectivo en peligro
La violencia digital contra las mujeres periodistas no constituye únicamente una vulneración individual de derechos humanos. También representa una amenaza directa al derecho colectivo de las sociedades a recibir información libre, diversa y fiscalizadora.
Cada periodista que decide guardar silencio para proteger su integridad frente al hostigamiento algorítmico supone una voz menos en el debate público. Cuando casi la mitad de las comunicadoras se ve obligada a autocensurarse, la democracia pierde capacidad de vigilancia, pluralidad y crítica.
Frente a este escenario, organismos internacionales, gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones de la sociedad civil enfrentan un desafío inaplazable: construir mecanismos eficaces que desmantelen la violencia digital de género, fortalezcan la protección de las periodistas y garanticen que la libertad de expresión no dependa del costo personal que las mujeres deban pagar por ejercerla.
Porque cuando una periodista es silenciada por la violencia digital, no solo pierde una profesional de la información; pierde también la sociedad una parte de su derecho a conocer la verdad.
«Si no se escucha la voz de las mujeres, la democracia habla con la mitad de su conciencia.» Michelle Bachelet
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
