“La libertad de expresión es la base de toda libertad.” Benjamin Constant
La aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México marca un punto de inflexión en el modelo regulatorio del país. Presentada como una herramienta para cerrar la brecha digital y fortalecer la rectoría estatal, esta legislación ha generado un intenso debate por sus implicaciones en la autonomía institucional, la libertad de expresión y la vigilancia digital.
Reconfiguración institucional: ¿simplificación o concentración?
Uno de los cambios más significativos es la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), órgano autónomo que durante más de una década reguló el sector. En su lugar, se crean dos entidades:
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), encargada de diseñar políticas públicas y coordinar la infraestructura digital.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), órgano desconcentrado con independencia técnica, pero adscrito a la ATDT.
Aunque se argumenta que esta reestructuración busca eficiencia y cobertura universal, críticos advierten que la subordinación de los nuevos órganos al Ejecutivo federal podría comprometer su imparcialidad y convertir al Estado en árbitro y jugador simultáneo.
Vigilancia digital y privacidad: ¿continuidad o regresión?
La ley mantiene disposiciones que obligan a los concesionarios a conservar datos de usuarios por dos años y a entregarlos a autoridades en un plazo de 24 horas, incluso sin orden judicial en ciertos casos. Aunque el gobierno sostiene que estas medidas ya existían desde 2014, organizaciones como R3D y ARTICLE 19 alertan sobre el riesgo de vigilancia masiva sin salvaguardas legales claras.
Además, el artículo 183 replica el polémico artículo 190 de la ley anterior, lo que ha sido interpretado como una normalización de prácticas intrusivas bajo el argumento de seguridad nacional.
Libertad de expresión y censura: ¿protección o ambigüedad?
Inicialmente, el dictamen incluía el artículo 109, que facultaba al gobierno para bloquear plataformas digitales por incumplimiento normativo. Aunque este artículo fue eliminado tras protestas, persisten cláusulas que permiten suspender transmisiones si se considera que violan derechos de las audiencias.
La ambigüedad de estos criterios y la falta de procedimientos judiciales robustos abre la puerta a decisiones discrecionales, lo que preocupa a medios independientes, periodistas y defensores de derechos digitales.
Inclusión digital y radios comunitarias: avances con matices
Entre los aspectos positivos, la ley promueve:
· Conectividad universal, especialmente en zonas marginadas.
· Publicidad limitada para radios indígenas, comunitarias y afromexicanas, fortaleciendo su sostenibilidad.
· Simplificación de trámites para instalación de infraestructura.
Estas medidas responden a demandas históricas de pluralidad mediática y democratización del espectro. Sin embargo, su implementación dependerá de la voluntad política y del presupuesto asignado, lo que genera incertidumbre.
Concesiones y competencia: ¿neutralidad o favoritismo?
La ley permite al Estado otorgar concesiones directas a entidades públicas, como CFE o Altán Redes, para cumplir objetivos de cobertura social. Aunque esto puede acelerar la conectividad, también plantea dudas sobre la neutralidad regulatoria y el trato preferencial a operadores estatales frente a privados.
Además, se obliga al agente económico preponderante (Telcel) a compartir servicios con otros concesionarios, lo que busca fomentar la competencia, pero podría generar litigios si no se garantiza equidad operativa.
Modernización digital en jaque: ¿Garantía de derechos o riesgo de control estatal
La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión representa una reforma ambiciosa y contradictoria. Por un lado, busca cerrar brechas digitales, fortalecer medios comunitarios y modernizar el ecosistema tecnológico. Por otro lado, centraliza el poder regulatorio, mantiene prácticas de vigilancia cuestionables y deja abierta la posibilidad de censura indirecta.
Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar transparencia, participación ciudadana y respeto a los derechos fundamentales. En un contexto de polarización política y concentración institucional, esta ley podría convertirse en una herramienta de inclusión o en un instrumento de control. La sociedad civil, los medios y los usuarios deben mantenerse vigilantes para que la promesa de conectividad no se convierta en una amenaza a la libertad.
“El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente.” Lord Acton
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
