«Justicia demorada es justicia denegada, pero justicia sesgada es opresión legalizada».
A las puertas de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el mundo se enfrenta a una verdad que la diplomacia ya no puede maquillar: el Estado de derecho está naufragando. El reciente informe de ONU Mujeres no es una simple recopilación de estadísticas; es el acta de defunción de la imparcialidad judicial. Mientras los discursos oficiales celebran la «igualdad», los tribunales del mundo están operando bajo una arquitectura de exclusión que deja a las mujeres y las niñas en una intemperie jurídica sin precedentes.
El dato es escalofriante: las mujeres solo disfrutan del 64% de los derechos que poseen los hombres. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante un diseño sistemático. Cuando en el 54% de los países la violación no se define por la falta de consentimiento, la ley no está protegiendo a la víctima; está protegiendo la impunidad del agresor. Es una «justicia de papel» que se desintegra en el momento en que una mujer cruza el umbral de una comisaría o un juzgado.
Esta crisis de legitimidad se agrava en un contexto de retroceso democrático global. Como bien advierte Sarah Hendriks de ONU Mujeres, el espacio cívico se reduce mientras un rechazo organizado a la igualdad de género gana terreno en las legislaturas. No es coincidencia que el 44% de las naciones carezca de leyes de igualdad salarial. El mensaje es claro: el trabajo de una mujer vale menos, su autonomía física es negociable y su futuro puede ser subastado en matrimonios infantiles permitidos por la ley en casi tres de cada cuatro países.
Pero el campo de batalla no es solo el código penal. En 2024, la violencia se ha vuelto un arma de guerra masiva. Con 676 millones de mujeres viviendo en zonas de conflicto, el aumento del 87% en la violencia sexual relacionada con la guerra es el síntoma de una humanidad que ha perdido su brújula moral. Los tribunales internacionales y nacionales, a menudo lentos y burocráticos, observan desde la barrera cómo se reescriben las leyes para silenciar a las víctimas.
La advertencia de Sima Bahous es una sentencia para nuestras democracias: un sistema que ignora a la mitad de su población no puede llamarse justicia. La erosión de la confianza pública no es un daño colateral; es el principio del fin del contrato social. Si permitimos que el 90% de las organizaciones que rescatan a mujeres desaparezcan por falta de presupuesto en los próximos dos años, habremos aceptado el apagón de los derechos humanos.
La reforma necesaria debe ser radical y urgente. Necesitamos sistemas judiciales diseñados por y para mujeres antes de 2030. No se trata de una concesión graciosa, sino de una medida de supervivencia para el Estado de derecho. Si no somos capaces de garantizar que una niña en cualquier rincón del mundo tenga los mismos derechos que su hermano, entonces la justicia es, simplemente, el más cruel de los espejismos.
«La medida del progreso de una civilización no se encuentra en sus rascacielos, sino en la seguridad jurídica que ofrece a su ciudadana más vulnerable».
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
