Por Araceli Aguilar Salgado 

La pandemia de COVID-19 causa un impacto en la economía mundial que atraviesa tres crisis estructurales: La de la inestabilidad y el bajo crecimiento del producto, la de la desigualdad creciente y la crisis ambiental que amenaza con destruir los sistemas naturales que sostienen la vida en el planeta.  

La construcción de un nuevo estilo de desarrollo debe orientarse a superarlas. Son tres crisis interrelacionadas cuyo elemento común es una economía política y una ecuación entre el Estado, el mercado, la sociedad y el medio ambiente que ha recortado sistemáticamente la capacidad de los gobiernos de promover el desarrollo, así como de direccionar la acción de los mercados.  

Sus resultados han sido desequilibrios crecientes y tensiones geopolíticas y políticas en aumento, que agudizan conflictos y debilitan el sistema multilateral a nivel internacional, y erosionan derechos y la legitimidad de las democracias a nivel interno.  

Las tres crisis de la economía mundial y las tensiones políticas Desde principios de los años ochenta, la economía internacional fue redefiniendo sus reglas sobre la base, principalmente, de la expansión de las leyes del mercado y la reducción de los espacios de política de los Estados nacionales, sobre todo de los más débiles.  

Los acuerdos de comercio e inversión buscaron minimizar las barreras a los movimientos de bienes y de capital (no de trabajo) y de maximizar la libertad de acción del capital, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Este sistema fue llamado “hiperglobalización” y estuvo asociado a una rápida liberalización financiera, que amplificó los impactos de los procesos especulativos con monedas, materias primas y bienes raíces en el desempeño de la economía (financierización).  

El resultado ha sido una mayor inestabilidad, una mayor volatilidad de algunos precios clave, crisis financieras más frecuentes y menores tasas promedio de crecimiento.  

A su vez, el mundo del trabajo se ha visto cada vez más debilitado por un sistema en que el capital (por su alta movilidad, entre otros factores) fortaleció su capacidad de vetar o de imponer políticas, con claros reflejos en el aumento de la desigualdad en las principales economías del mundo. La capacidad de los gobiernos democráticos de proveer bienes públicos y adoptar políticas tributarias progresistas se fue reduciendo y, con ello, su capacidad de sostener el Estado de bienestar.  

En este proceso fue importante el predominio de una ideología que veía la intervención estatal en los mercados como una fuente de ineficiencia y la capacidad negociadora de los sindicatos de trabajadores como una fuente de “rigidez” del mercado laboral.  

El resultado paradojal es que la liberalización en nombre de la eficiencia y el crecimiento terminó comprometiendo ambos objetivos. La inestabilidad que generó la hiperglobalización, las barreras a la coordinación de políticas fiscales para hacerlas más expansivas, el aumento de la desigualdad, la expansión de la precariedad laboral y social, el deterioro de la distribución funcional del ingreso y el endeudamiento de las familias terminaron por afectar negativamente la demanda agregada.  

La coalición política detrás de la hiperglobalización argumentaba que la desigualdad sería compensada con creces por el crecimiento, pero solo generó niveles más altos de desigualdad con resultados muy inferiores a los esperados en términos de crecimiento, y claramente inferiores a los de la era de mayor intervención estatal y control de los movimientos de capital, los llamados “treinta gloriosos” (1945-1975).  

La apuesta exclusiva a la eficiencia de los mercados llevó a ignorar su múltiples “fallas” o, de manera más amplia, los resultados no deseables que se generan endógenamente cuando aquellos operan sin restricciones que equilibren el poder del capital y el trabajo, así como el interés privado y el interés público. Un ámbito en que estos problemas se manifiestan de forma especialmente dramática es el del medio ambiente.  

La incapacidad de los mercados de internalizar los costos de la destrucción del ambiente dio lugar a costos acumulativos que hoy ponen el riesgo las posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras. La crisis ambiental se suma a la económica y social, y se expresa, entre otras manifestaciones, en la destrucción de los recursos naturales, la contaminación de las aguas, la tierra y la atmósfera, la reducción de la biodiversidad y la pérdida de los bienes comunes globales. Su expresión más aguda y de alcance mundial, aunque no la única, es el calentamiento global 

La percepción de que el sendero predominante de desarrollo era insostenible, de que había alcanzado sus límites y de que se estaba ante un cambio de época es anterior a la pandemia.  

Las tres crisis la del bajo crecimiento e inestabilidad, la de la desigualdad y la ambiental generaban tensiones internas y externas tan importantes que las reacciones para enfrentarlas estaban diseñando un nuevo escenario, en que el mundo político e institucional de la hiperglobalización sufría transformaciones profundas.  

Ejemplo de ello son el brexit, el abandono por los Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las dificultades para avanzar en la concertación de acuerdos vinculantes en temas ambientales, el debilitamiento del multilateralismo en contextos que demandan más, no menos, coordinación mundial, así como el resurgimiento de los nacionalismos y, en muchos casos, la xenofobia y la pérdida de confianza en la democracia.  

El orden mundial de la segunda posguerra, con todas sus insuficiencias y limitaciones, tenía, al menos, un marco ideal de referencia (aunque solo avanzara muy parcialmente en esa dirección), que era construir instituciones de cooperación internacional a partir del multilateralismo.  

Esta referencia se ha debilitado en las relaciones internacionales: la cooperación internacional sobre bases multilaterales ha dejado espacio al unilateralismo y las rivalidades económicas, tecnológicas y militares. La ausencia de mecanismos de cooperación multilateral es especialmente evidente en temas que, por definición, tienen un alcance global y requieren una acción global, como los del medio ambiente y, más recientemente, la pandemia.  

En los sistemas políticos y económicos nacionales se observa una situación similar a la del sistema internacional, con un aumento de la incertidumbre y la conflictividad. La construcción del Estado de bienestar y la búsqueda del pleno empleo, que fueron centrales para la expansión económica de la posguerra en Europa Occidental y los Estados Unidos, y la inclusión de los trabajadores en esa expansión se han estancado o han retrocedido.  

La precarización de los empleos y la pérdida de derechos laborales muestran la reversión del proceso de inclusión, por limitado que haya sido en el pasado. La inestabilidad y falta de reglas en el orden mundial alimentan el debilitamiento de los sistemas políticos nacionales y se ven reforzadas por él. Se percibe la ruptura del pacto social que sentó las bases económicas, políticas y sociales de la expansión del capitalismo global en la segunda posguerra, así como los resultados de la implosión en 2008 de la promesa de prosperidad del capitalismo desregulado que tuvo su auge en los años noventa.  

Hay una demanda de transformaciones profundas a las que los Estados no han sabido o no han podido responder. La inseguridad y el temor generan respuestas de aislamiento y retroceso hacia políticas de “perjudicar al vecino”, en un movimiento similar al vivido en los años treinta.  

El temor hace que se considere a quien es diferente (por su género, religión, raza, etnia o nacionalidad) una amenaza. Este tipo de respuesta agudiza los conflictos en un mundo marcadamente interdependiente. Es necesario ofrecer alternativas a estas reacciones que se basen en una reflexión sobre los factores que explican los desequilibrios del capitalismo mundial y generar propuestas de política pública para superarlos. 

La economía mundial y las tres crisis estructurales del régimen de la hiperglobalización: la económica, la de la igualdad y la ambiental, estas tres crisis se les superpone el impacto de la pandemia, que agudizó las dificultades económicas y sociales en el mundo.  

La pandemia hizo que los problemas crónicos de las economías de América Latina y el Caribe se expresaran en síntomas agudos, la necesidad de hallar una respuesta urgente para enfrentarlos no debe hacer que se olviden los problemas estructurales, las respuestas de corto plazo deben contribuir a superar los problemas de largo plazo.  

En el plano económico, en la región sigue pendiente la necesidad de construir las capacidades tecnológicas que sostengan una competitividad auténtica y, con ella, una tasa más alta de crecimiento con equilibrio externo. La evolución de la productividad del trabajo y los esfuerzos tecnológicos internos no han sido lo suficientemente dinámicos como para elevar esa tasa y alcanzar la convergencia de ingresos con las economías avanzadas. Lo mismo puede decirse respecto a la productividad en el uso de la energía, el agua y los materiales.  

Si los insumos intermedios (como la energía y el agua) se usaran de forma más eficiente, podría haber interacciones positivas entre el crecimiento y el desacople de este respecto de las emisiones y la destrucción del ambiente, esto permitiría que la tasa de crecimiento compatible con la restricción externa se aproximara a la tasa de crecimiento compatible con la sostenibilidad ambiental. La pandemia también ha exacerbado las grandes brechas que existen entre los distintos grupos sociales de América Latina y el Caribe en materia de salud, educación, ingresos y riqueza, así como en el ejercicio de los derechos políticos y sociales, brechas que se agravan debido a diversas formas de discriminación.  

Desde 2004, las tendencias distributivas venían mejorando, si bien a un ritmo decreciente, las políticas sociales y el crecimiento del ingreso y del empleo formal fueron clave para ello. Pero las perspectivas de ampliar el empleo de calidad se ven menos favorables ante los efectos de la pandemia, que provocó una fuerte contracción del PIB y el empleo, al tiempo que aumentó la pobreza y la desigualdad.  

La expectativa de que las tasas de crecimiento sean bajas acentúa la necesidad de construir un Estado de bienestar como instrumento para promover la igualdad y la democracia, y para aproximar la tasa de crecimiento necesaria para que haya igualdad a la tasa de crecimiento con equilibrio externo y cuidado ambiental.  

Finalmente, América Latina y el Caribe es una clara expresión de la doble asimetría en los temas ambientales: representa un porcentaje pequeño de las emisiones mundiales, pero los efectos de estas la afectan en gran medida, sobre todo en los estratos más pobres, además, la dotación de recursos naturales de la región se explota de forma muchas veces insostenible, en la medida en que la competitividad depende más de esos recursos y de la mano de obra barata que de las capacidades tecnológicas.  

El impacto negativo de la destrucción del ambiente ya se observa en la poca productividad, el escaso crecimiento del PIB, la pérdida de biodiversidad y los desastres naturales asociados a la acción humana. La pandemia parece haber dado una tregua transitoria a la destrucción del ambiente, pero es necesario implementar desde ya políticas que eviten que dicha destrucción se acelere cuando la economía comience a recuperarse.  

La interacción entre las dimensiones económica, social y ambiental hace necesario que las tres crisis y la forma de resolverlas se piensen de forma conjunta se definieron tres tasas de crecimiento y tres brechas.  

Cerrar esas brechas es el objetivo del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones la económica, la social y la ambiental y, para ello, deben concurrir de manera concertada políticas sociales, políticas a favor del cambio estructural y del cierre de la brecha tecnológica, y políticas ambientales.  

Lograr la convergencia de las tasas de equilibrio externo y sostenibilidad ambiental con la tasa de crecimiento necesaria para reducir de manera sistemática la desigualdad requiere un salto en términos de competitividad auténtica en la región, así como un redireccionamiento y una aceleración de la velocidad del progreso técnico, la descarbonización y el cuidado del ambiente.  

Una trayectoria de este tipo representa un cambio radical del estilo de desarrollo, que solo puede lograrse con un paquete integrado de estrategias y políticas como las que se discuten más adelante en este documento, y presenta, además, un gran desafío de economía política.  

A nivel internacional, la cooperación debería prevalecer sobre la rivalidad geopolítica y el conflicto; a nivel nacional, mediante acuerdos políticos en un contexto democrático, debería transformarse la cultura del privilegio en una cultura en que la igualdad y la innovación vayan de la mano 

 En este marco, reitera que la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático son factores cruciales de la competitividad del futuro y propone políticas de mediano y largo plazo en las áreas de fiscalidad y financiamiento, internalización de las externalidades ambientales, desarrollo industrial, régimen de bienestar y protección social, integración regional y renovación del multilateralismo. Asimismo, sugiere concentrar la atención en siete sectores que pueden ser los motores del nuevo estilo de desarrollo en función de su papel estratégico en las emisiones, la inversión, la competitividad, el empleo y la salud, y propone líneas de política para impulsarlos. Estos sectores se vinculan a: 

Una nueva matriz energética 

La electro movilidad urbana 

La revolución digital 

La industria manufacturera de la salud 

La bioeconomía 

La economía circular 

El turismo sostenible 

Si se construyen las coaliciones y se alcanzan los pactos necesarios, se fortalecerán los mecanismos de cooperación regional e internacional cimentados en el multilateralismo que la sociedad y época reclama más que nunca.  

La recuperación transformadora que depara el futuro después del COVID requerirá de pactos sociales para que los objetivos de igualdad y sostenibilidad se conviertan en política de Estado, con la participación de todos los sectores y grupos sociales.  

Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Presidenta del Congreso Hispanoamericano de Prensa, Analista y comentarista mexicana, del Estado de Guerrero, México. E-mail periodistaaaguilar@gmail.com