“Donde hay riesgo sin conciencia, hay tragedia sin justicia.”
La tarde del miércoles 10 de septiembre, la Ciudad de México fue testigo de una tragedia que no puede ser reducida a la categoría de “accidente”. La volcadura de una pipa con 49,500 litros de gas LP sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, seguida de una fuga, incendio y explosión, dejó un saldo devastador: cuatro personas fallecidas, noventa lesionadas, veintiocho vehículos dañados y la suspensión de servicios de transporte en una de las zonas más densamente pobladas del país. Pero más allá del conteo de víctimas, lo que estalló fue una verdad incómoda: la fragilidad de nuestras estructuras de seguridad, la negligencia institucional y la normalización del riesgo como parte del paisaje urbano.
El riesgo como rutina: una bomba rodante en la ciudad
En el corazón de la infraestructura energética de México circulan diariamente miles de pipas que transportan materiales peligrosos. Su tránsito, silencioso pero constante, representa una tensión permanente entre la eficiencia logística y la posibilidad del desastre. Cada kilómetro recorrido por estas unidades es una apuesta: ¿llegarán sin incidentes o detonarán una tragedia?
La explosión en el Puente de la Concordia no fue una excepción, sino una manifestación de lo que ocurre cuando el Estado abdica de su responsabilidad de fiscalizar, cuando las empresas priorizan el costo sobre la vida, y cuando la ciudadanía es reducida a espectadora de su propia vulnerabilidad. El evento revela fallas en la cadena de seguridad: mantenimiento deficiente, operadores mal capacitados, protocolos inexistentes o inoperantes, y una cultura empresarial que ve los seguros como trámites, no como compromisos éticos.
El seguro como ritual ético: ¿protección o simulacro?
La legislación mexicana exige que los vehículos tipo pipa cuenten con seguros de Responsabilidad Civil y Responsabilidad Ambiental. Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) demanda estudios de Pérdida Máxima Probable para determinar el monto de cobertura adecuado. Sin embargo, la pregunta no es qué se exige, sino qué se cumple. ¿Quién verifica que las pólizas estén activas, que los montos sean suficientes, que los operadores conozcan los protocolos?
Los seguros, en este contexto, deberían ser más que herramientas financieras. Deberían ser rituales de cuidado, actos de previsión ética, compromisos con la vida, el territorio y la justicia ambiental. Pero cuando se contratan sin conciencia, sin fiscalización y sin cultura de prevención, se convierten en simulacros administrativos que no detienen el fuego ni reparan el daño.
Cultura de prevención: del cumplimiento normativo a la responsabilidad comunitaria
La tragedia del 10 de septiembre exige una transformación profunda. No basta con revisar pólizas o sancionar a una empresa. Es necesario construir una cultura de prevención que reconozca que el transporte de materiales peligrosos no es una actividad técnica, sino una responsabilidad social, ambiental y comunitaria. Las empresas deben asumir su papel como actores éticos, transparentes y dialogantes. El Estado debe fiscalizar con rigor, no con burocracia. Y la ciudadanía debe ser informada, protegida y escuchada.
La prevención no puede ser un apéndice de la operación logística. Debe ser su fundamento. Cada pipa que circula sin protección suficiente es una bomba rodante. Y cada póliza contratada con conciencia es una promesa de cuidado.
Una herida simbólica en el tejido urbano
La explosión dejó más que víctimas físicas. Dejó miedo, indignación, incertidumbre. Dejó una herida abierta en el tejido simbólico de la ciudad. En Iztapalapa, donde la precariedad convive con la resistencia, el fuego no solo quemó estructuras: quemó la confianza. La ciudadanía exige respuestas, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y esas garantías no se construyen con discursos, sino con acciones concretas, con políticas públicas que reconozcan que la seguridad no es un privilegio, sino un derecho.
“Cada vida perdida por negligencia es una deuda que la sociedad no puede ignorar.”
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
