“La libertad de prensa no es un privilegio, es una necesidad de toda sociedad.» Gabriel García Márquez
En el marco del Día Internacional de la Mujer 2026, la violencia contra mujeres periodistas se presenta como uno de los desafíos más urgentes para la libertad de expresión y la igualdad de género. Los entornos digitales, que deberían ser espacios de intercambio y debate, se han convertido en escenarios de hostilidad que trascienden las pantallas y se trasladan al mundo físico. Este fenómeno no solo amenaza la integridad de las periodistas, sino también el derecho de las sociedades a estar informadas.
Violencia Digital que se Traslada al Mundo Real
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las tendencias en libertad de expresión y desarrollo de los medios de la UNESCO, las periodistas enfrentan amenazas específicas de género, particularmente en entornos digitales. Una encuesta global realizada por la Iniciativa para la Integridad de la Información (III) para ONU Mujeres, en colaboración con la UNESCO, revela que el porcentaje de periodistas que vincula ataques digitales con agresiones físicas se duplicó en cinco años: del 20% en 2020 al 42% en 2025.
El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), con apoyo de la UNESCO, confirma que 73% de las mujeres periodistas encuestadas ha sufrido ataques en línea, desde campañas de desprestigio hasta amenazas directas. Una quinta parte de ellas reportó que estas agresiones derivaron en violencia física, lo que evidencia la gravedad del vínculo entre lo digital y lo presencial.
Riesgos en Entornos Laborales
La violencia no se limita al espacio virtual. Un estudio de Women in News (WAN-IFRA) encontró que 41% de las mujeres periodistas ha sufrido acoso sexual verbal o físico en su lugar de trabajo. Sin embargo, solo una de cada cinco denunció los hechos, debido al temor a represalias. Estas dinámicas buscan intimidar y expulsar a las mujeres del debate público, debilitando la pluralidad y la democracia.
Retrocesos en Igualdad de Género
Expertos reunidos en la UNESCO en 2025 alertaron sobre el aumento de discursos hostiles contra la igualdad y la dignidad de las mujeres en medios de comunicación, contenidos de entretenimiento y plataformas digitales. Este retroceso amenaza con normalizar la violencia y perpetuar la exclusión de las mujeres en espacios de poder y decisión.
Respuestas Institucionales y Regionales
Ante este panorama, la UNESCO y la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación (IWMF) impulsan el programa Safeguarding Women’s Voices, que busca apoyar a redacciones en distintas regiones para desarrollar protocolos de seguridad sensibles al género.
En América Latina, una encuesta respaldada por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) reveló que 57% de los medios carece de protocolos para abordar la violencia de género y apenas 18.5% cuenta con equipos especializados. Esta brecha evidencia la urgencia de fortalecer capacidades internas y garantizar que las periodistas puedan continuar su labor sin miedo.
La violencia contra mujeres periodistas es un ataque directo a la libertad de expresión y a la democracia. Defender sus voces significa defender el derecho de las sociedades a conocer la verdad. En este Día Internacional de la Mujer, la solidaridad y la acción conjunta son más urgentes que nunca.
«La prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa jamás será otra cosa que mala.» Albert Camus
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
“El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos.” Simone de Beauvoir
Cada año, la misma pregunta resuena: ¿por qué sigue siendo necesario conmemorar el Día Internacional de la Mujer? La respuesta es clara y dolorosa: porque la igualdad plena continúa siendo una deuda histórica en múltiples frentes. Las leyes que deberían proteger a las mujeres, los parlamentos que deberían representarlas y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos siguen siendo vulnerados, ignorados o directamente atacados.
En la ley: retrocesos organizados y siglos de espera
Según ONU Mujeres, las mujeres solo disfrutan del 64% de los derechos jurídicos que tienen los hombres. Al ritmo actual, se necesitarán 286 años para cerrar las brechas legales. En más de la mitad de los países, la violación aún no se define por consentimiento. El matrimonio infantil forzado es legal en tres de cada cuatro naciones. Y el 44% de los Estados carecen de leyes de igualdad salarial.
La violencia digital, impulsada por la inteligencia artificial y el anonimato, se intensifica. Más de 1800 millones de mujeres y niñas carecen de protección legal frente al acoso en línea. Como advierte Sima Bahous, directora de ONU Mujeres: “Cuando las mujeres son privadas de justicia, el Estado de derecho se debilita.”
En los parlamentos: avances mínimos y violencia política
La representación política femenina avanza con desesperante lentitud. Las mujeres ocupan solo el 27.5% de los escaños parlamentarios, y la proporción de presidentas de parlamento cayó al 19.9%. La violencia política es una amenaza creciente: el 76% de las parlamentarias en Asia-Pacífico sufren violencia psicológica. La intimidación, tanto en línea como fuera de ella, disuade a muchas de participar en la vida pública.
Aunque América lidera en representación femenina, la democracia sigue incompleta. Como señala ONU Mujeres: “Cuando las mujeres faltan, la democracia está incompleta.”
En el cuerpo: la violencia que no cesa
La desigualdad se manifiesta brutalmente en los cuerpos de las mujeres. Cada 10 minutos, una mujer es asesinada por su pareja o familiar. En América Latina y el Caribe, 11 mujeres son víctimas de feminicidio cada día. La violencia física o sexual afecta a una de cada tres mujeres en el mundo, y la mutilación genital femenina persiste: más de 230 millones han sido sometidas a ella.
Pese a esta realidad, los medios solo reportan el 2% de los casos de violencia contra las mujeres. El silencio institucional y mediático perpetúa la impunidad.
La lucha cotidiana: heroínas anónimas
Frente a esta discriminación estructural, millones de mujeres luchan cada día por transformar su entorno. Desde el periodismo rural en la India, hasta la radio clandestina en Afganistán; desde las madres que sostienen hogares en Gaza, hasta las jóvenes ingenieras en México que diseñan tecnología para salvar vidas. Ellas son la prueba viva de que el cambio es posible desde la base.
Por qué el 8M sigue siendo urgente
Mientras exista una niña obligada a casarse, una mujer asesinada cada 10 minutos o una parlamentaria silenciada por intimidación, el 8 de marzo seguirá siendo una fecha de lucha, no de celebración. Como afirma António Guterres, Secretario General de la ONU: “Cuando no somos iguales ante la ley, no somos iguales. Es hora de hacer de la justicia una realidad para las mujeres y las niñas, en todas partes.”
“La paz no es solamente la ausencia de la guerra; mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz.” Rigoberta Menchú Tum
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
Cooperación impulsará intercambio técnico, la formación especializada y la colaboración en conectividad, calidad del servicio, ciberseguridad y redes de nueva generación
Barcelona, España.– El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) firmó un acuerdo de cooperación con la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y un memorándum de entendimiento con la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia (CRC), con el objetivo de fortalecer sus capacidades institucionales, ampliar el intercambio técnico y consolidar alianzas que contribuyan a una regulación más moderna.
Los acuerdos fueron firmados por Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Indotel; Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET; y Felipe Augusto Díaz Suaza, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia, en el marco de una agenda institucional desarrollada en Barcelona, España, orientada a fortalecer los vínculos de cooperación internacional y el intercambio de experiencias regulatorias en el ámbito de las telecomunicaciones.
Guido Gómez Mazara y Felipe Augusto Díaz.
El acuerdo suscrito con ASIET establece un marco de cooperación técnica orientado al fortalecimiento de capacidades institucionales y al abordaje de los retos del desarrollo del sector de las tecnologías de la información y la comunicación.
Entre sus modalidades de cooperación figuran la organización conjunta de cursos, talleres, mesas redondas y programas de formación especializada, así como el intercambio de expertos, docentes, personal técnico, información, documentación, estudios, publicaciones y proyectos conjuntos.
Por su parte, el memorándum de entendimiento con la CRC crea un marco no vinculante de cooperación técnica internacional para fortalecer mutuamente las capacidades de ambas instituciones frente a desafíos regulatorios actuales y futuros, además de promover vínculos profesionales y colaborativos entre sus equipos especializados.
Entre las áreas de cooperación identificadas con la CRC figuran la mejora regulatoria, los servicios digitales y OTT, la protección al usuario y a las audiencias, los modelos de conectividad para el cierre de la brecha digital, la calidad del servicio, las redes 5G y no terrestres, el desarrollo de redes 6G, la ciberseguridad para las telecomunicaciones, la compartición de infraestructura y las herramientas de medición, calidad e investigación.
Guido Gómez Mazara y Maryleana Méndez.
El presidente del Consejo Directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, afirmó que estas alianzas representan una oportunidad para seguir fortaleciendo la capacidad técnica de la institución y enriquecer la visión regulatoria del país mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas con organismos de referencia de la región.
“Estos acuerdos amplían la capacidad del Indotel para intercambiar conocimientos, aprender de experiencias comparadas y fortalecer su visión regulatoria en un entorno tecnológico cada vez más dinámico. La cooperación internacional es clave para seguir avanzando hacia un sector de telecomunicaciones más moderno, más competitivo y más conectado con el interés público”, expresó Gómez Mazara.
Ambos acuerdos comparten una lógica común: impulsar una cooperación técnica flexible, útil y alineada con las competencias de cada entidad, sin generar obligaciones jurídicas exigibles frente a terceros ni compromisos automáticos de transferencia de recursos.
Guido Gómez Mazara y Maryleana Méndez firman acuerdo de cooperación.
En el caso de ASIET, las acciones concretas deberán formalizarse mediante anexos, cartas de entendimiento o programas específicos. En el caso de la CRC, la implementación dependerá de la compatibilidad con los marcos legales y reglamentarios de las partes y de la disponibilidad de recursos.
El acuerdo con ASIET también establece mecanismos de seguimiento mediante reuniones periódicas para evaluar las actividades en ejecución y proponer nuevas iniciativas, mientras que el memorándum con la CRC deja abierta la posibilidad de comunicar logros derivados de esta cooperación a través de informes conjuntos, publicaciones, eventos u otros medios.
Con estas acciones, Indotel refuerza su proyección internacional y consolida una ruta de cooperación que puede traducirse en mejores capacidades institucionales, mayor intercambio especializado y una visión más integrada de los desafíos que enfrenta hoy el ecosistema de las telecomunicaciones.
Santa Ana de Yacuma, Beni, Bolivia.- Ajenos a la tragedia que los rodeaba, los niños Tsimané se divertían al atardecer nadando y jugando en un tranquilo meandro del río Maniquí.
Sus risas inocentes se mezclaban con el canto de las aves y sus voces llenaban de tristeza vaga y profunda a Turundí, su hogar, su pequeña comunidad que no figura en los mapas oficiales.
Turundí, asentada en lo profundo de la selva amazónica del departamento de Beni, en el norte de Bolivia, es apenas un remoto caserío cubierto de árboles y espesa vegetación que no tiene servicios básicos ni energía eléctrica.
Hacía una década, varias familias habían sido expulsadas de sus territorios de caza y pesca. Ganaderos y colonos ocuparon sus tierras. Empujados por la amenaza, los tsimané se internaron más en la selva, hasta asentarse en las nacientes del Maniquí, donde levantaron chozas de chonta, madera de achachairú y techos de jatata.
Allí resistían.
A principios de julio de 2024, comunidades dispersas a lo largo de la cuenca llegaron a Turundí. Caminaban sin aliento, navegaban durante días, convocados por un cabildo que no era solo reunión, sino memoria.
Lamentaban la pérdida de sus compañeros, pero el duelo permanecía suspendido: no había cuerpos que enterrar
La tragedia había ocurrido un mes antes, a 370 kilómetros río abajo.
En Santa Ana, ocho miembros de una familia tsimané murieron cuando un puente colapsó sobre ellos. Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, envueltos en plástico, sin nombres, como cifras de una nota policial.
Para su pueblo, sin embargo, no eran ocho.
Eran diez.
Dos vidas aún no nacidas también se habían perdido.
Esa tarde, mientras los niños seguían jugando en el agua, los adultos se reunían en silencio. Acompañados por una melodía antigua, fueron reconstruyendo la vida de los muertos: sus nombres, sus gestos, sus historias.
Así los devolvían a la memoria.
Cuando los sobrevivientes de la tragedia, Claudio Vie Pache y Alfredo Caiti, se preparaban cabizbajos a relatar lo ocurrido, y las mujeres servían en vasijas de coco la espesa y amarilla bebida fermentada de maíz, los cánticos cesaron y un profundo silencio envolvió el velorio comunal.
El murmullo del viento entre las hojas de los árboles fue lo único que rompió la quietud en el cabildo.
Claudio y Alfredo se miraron en silencio, como buscando en el otro la fuerza para empezar.
Luego, con voces apagadas por el cansancio y la pena, comenzaron a relatar.
Sus palabras avanzaban con pausas largas, pesadas, entrecortadas.
Todo había empezado con un viaje por sal.
Un kilo de sal
Nelson Vie Cuata, con escasas piezas dentales, corregidor de Turundí, era un hombre maduro y sabio, con cabello cano y amplia sonrisa.
En este rincón de la Amazonía, donde el tiempo fluye al ritmo de la naturaleza, Nelson, líder de su comunidad, había programado el viaje comercial familiar a Santa Ana siguiendo las señales de la selva tropical.
En estas tierras, los calendarios convencionales carecen de sentido y son las estaciones las que dictan el paso del tiempo, marcando los ciclos de vida con la alternancia entre lluvias torrenciales y períodos secos.
Para él y su familia, la transición entre el lluvioso otoño y el seco invierno señalaba el momento perfecto para emprender el viaje.
La sabiduría ancestral de estas comunidades reconoce que el verdadero calendario está escrito en el vuelo de las aves, en el nivel de las aguas y en el comportamiento de las plantas.
Es un conocimiento profundo que les ha permitido sincronizar sus vidas con los ritmos de la naturaleza amazónica.
El propósito era vender la modesta cosecha que habían logrado reunir: arroz sin pelar, racimos de plátano para cocinar, maní, maíz, yuca, miel y las delicadas artesanías elaboradas por las mujeres de la comunidad, cuyas manos expertas transforman materiales de la selva en obras de arte.
Durante la travesía, enriquecerían su provisión con los codiciados huevos de tortuga y, si la fortuna los acompañaba, con las palometas, nombre local que reciben las temidas pirañas, consideradas un verdadero manjar en la región.
El viaje debía cambiar su suerte. 2024 había sido un mal año. La Amazonía boliviana, como la de Perú y Brasil, sufrió la peor sequía de los últimos 50 años afectando la producción agrícola y ganadera de la región y la vida de las comunidades indígenas, las más castigadas por el cambio climático.
En Turundí se presentaron brotes de epidemias, murieron miles de peces, en las playas había animales en descomposición, los niños enfermaron y las familias empezaron a marcharse de la comunidad.
La mayor tragedia, sin embargo, no tardó en llegar. Como presagio de un sino adverso, los Tsimané vieron los cielos azules y limpios transformarse en un manto gris y opresivo.
Era el humo de los incendios forestales, devorando los bosques y pastizales, cubriendo el sol del atardecer, ocultando en un velo las estrellas brillantes e infinitas y creando una densa capa de humo en los hermosos amaneceres.
La tragedia ambiental, el corregidor de Turundí no lo sabía entonces, llegó aquel mal año a reducir en cenizas 12 millones de hectáreas en Bolivia.
Pero en ese momento, Nelson enfrentaba una preocupación más urgente: la crítica escasez de productos básicos que afectaba tanto a su familia como a toda su pequeña comunidad.
Entre estas carencias, la más apremiante era la falta de sal, un elemento indispensable que, cuando lograban encontrarlo, debían adquirirlo a precios de oro.
La ausencia de ese producto amenazaba su capacidad para conservar alimentos.
Nelson emprendía una travesía ritual cada cierto tiempo junto a su hijo Claudio y su yerno Alfredo, ambos en sus veinte años, para conseguir ese mineral vital.
Los dos jóvenes cargaban un quintal de arroz cada uno sobre sus espaldas mientras atravesaban la espesa selva durante cuatro o cinco días, durmiendo en la copa de los árboles, evadiendo al tigre y al caimán, hasta alcanzar una hacienda vecina y además amiga.
Allí, intercambiaban sus dos quintales de arroz sin pelar por dos kilos de sal, para luego emprender el mismo recorrido de regreso a su comunidad.
La sal obtenida desempeñaba un papel fundamental, ya que permitía la preparación del charqui, una carne preservada mediante un proceso de salado y secado al aire libre y al sol.
Este método de conservación, transmitido a través de generaciones, les permitía mantener en buen estado la carne de sus cacerías y pescas durante extensos períodos, asegurando así el sustento de la comunidad cuando los recursos frescos escasean.
Desilusionado del injusto trueque, el sabio corregidor, sin perder el humor ni la esperanza, organizó el viaje a la pequeña ciudad, como lo mandan sus ancestrales costumbres, con toda la familia y sus tres mascotas, un loro, un mono y un perro.
En esta aventura, Nelson contaría con la compañía de un grupo familiar bien definido.
Como guías de la expedición irían al mando de los remos su hijo Claudio y su yerno Alfredo.
Entre los viajeros estaban Ana Pache, su esposa, y tres niños: su nieto de un año Yail Caiti Vie y sus sobrinas Dilsia y Aneida Vie Cari, de entre dos y diez años.
También los acompañaba su hija, Sonia Vie Pache, esposa de Alfredo, una joven de 15 años que llevaba en su vientre ocho meses de esperanza para la comunidad.
Completando la familia estaban su hermano menor Sandalio y su cuñada Erika Cari, embarazada de seis meses.
La composición del grupo reflejaba la estructura típica de una familia Tsimané donde cada miembro, sin importar su edad, cumplía un rol en la travesía.
Una mujer Tsimané prepara la comida, mientras la tristeza se
cuela en cada gesto y aroma. Foto Subcentral Sécure.
Día uno
Al despuntar el alba, la familia del corregidor partía en completo silencio de la comunidad, en un viaje lleno de aventura y esperanza.
El peque peque, así le llaman a la canoa, fabricado a mano del imponente árbol de la castaña, era fuerte y resistente, con unos ocho metros de longitud y apenas unos centímetros más ancho que los hombros.
Sin un motor fuera de borda como apoyo, nunca pudieron comprar uno, la embarcación se convertía en su fiel compañera en las travesías por los caudalosos ríos amazónicos, cobrando vida propia.
Sus curvas suaves y toscas imitaban el movimiento de las serpientes que habitan en las aguas del río.
Al deslizarse sobre la superficie, parecía una extensión natural de Claudio y Alfredo, sus hábiles capitanes.
Uno lo guiaba desde la proa y el otro desde la popa, ya fuera con remos o con singas, largos palos de cinco o seis metros que les permitían impulsar la embarcación a través de la corriente sin perder el rumbo.
Para este pueblo ancestral, los árboles no solo brindan sombra para el descanso, madera para sus chozas y embarcaciones, sino que también escuchan las penas del alma.
Siguiendo las ancestrales tradiciones, antes de transformar en embarcación el viejo árbol derribado en una noche de tormenta, pidieron permiso a los espíritus de sus antepasados.
Este ritual sagrado era fundamental para honrar y respetar a los guardianes de la selva que velan por el equilibrio entre los hombres y la naturaleza.
Para los Tsimané, una de las 36 naciones indígenas oficialmente reconocidas por el Estado Plurinacional de Bolivia, como para otros pueblos indígenas amazónicos, los árboles son también el punto de partida de la vida misma.
Ellos tienen la tradición de enterrar la placenta del recién nacido al pie de uno de ellos que rodea la comunidad como una forma de honrar y agradecer el regalo de la nueva vida, rendir tributo a la la Madre Tierra con la esperanza de la buena fortuna, de la salud, de la fertilidad, de la abundancia.
Alfredo y Sonia ya habían elegido el lugar para enterrar la placenta del bebé, bajo las raíces protectoras de un joven árbol, perpetuando así el ciclo ancestral que vincula a los hijos de la selva con su tierra.
Pero para este pueblo amazónico, los árboles eran cada vez menos y las penas más.
Cuando el pequeño bote se alejó de la ribera de Turundí, sólo quedó en la orilla la figura solitaria de Juana, la fuerte anciana que asistía a las parturientas.
Aquella fresca mañana, Juana se levantó en silencio y salió de su choza de troncos y techo de hojas secas, que emergía en la selva como una extensión natural de ella. Desde la orilla, despidió con la mirada a los viajeros.
Sonia, su bisnieta, y Alfredo apenas alzaron la mano en señal de despedida.
Ella se quedaría esperando el regreso de la familia, bajo el sol abrasador, junto a los enfermos y los otros ancianos contando antiguas historias a los niños como se lo contó su padre y el padre de éste en una tradición oral que aún pervive.
Llevaba un siglo de tristeza. El cuerpo se le había encorvado, su larga cabellera blanca caía sobre sus empequeñecidos hombros.
No había aprendido a leer ni escribir en castellano, pero siempre que podía contaba con emoción en su viejo idioma una de sus leyendas favoritas.
Relataba la historia de un joven capitán de acento extraño que, apenas creado el mundo, cuando los hombres y mujeres aún andaban desnudos, llegó a la remota comunidad acompañado de sus soldados.
Buscaban, decía la anciana con una amplia sonrisa sin piezas dentales, una ciudad de oro, pero en su codicia encontraron la muerte durante una misteriosa enfermedad que brotó de un árbol.
Al lugar de la peste, imposible de identificar, lo llaman ahora “puro hueso”.
Nostalgia
Desde la aldea de Turundí, el único acceso al municipio de Santa Ana, ubicado en la provincia Yacuma del departamento de Beni, es por vía fluvial.
El viaje inicia navegando por el río Maniquí y, en el último tramo, continúa por el Rapulo, uno de sus cauces más tranquilos.
Con un pequeño motor fuera de borda y buen clima, la travesía dura aproximadamente dos días y medio de ida y tres días y medio de regreso.
A remos, como hacen algunas familias sin el preciado motor, el recorrido de 370 kilómetros a través de sinuosas curvas toma al menos cinco días a favor de la corriente y nueve para el retorno.
Nelsón y su familia siempre lograron vencer las aguas del bravo Maniquí, de ida y vuelta. Muchas de ellas, transportando a sus ancianos, otras, llevando a mujeres embarazadas.
Para muchas familias, estos viajes no solo son parte de su rutina para intercambiar productos, sino una necesidad.
A menudo, deben trasladarse a Santa Ana para acceder a beneficios como el subsidio estatal.
El Estado otorga un bono a los mayores de 65 años y otro a las mujeres en gestación para reducir la mortalidad materno infantil.
Los ancianos reciben 1.800 bolivianos al año —poco más de 250 dólares— mientras que las mujeres embarazadas reciben una suma equivalente, distribuida a lo largo de 33 meses, desde el inicio del embarazo hasta que el niño cumple dos años.
En Turundí, la vida ha permanecido inalterable durante siglos. Sus habitantes aún dependen de la caza y la pesca para sobrevivir, y el trueque sigue siendo una práctica cotidiana.
En un mundo como ese, 1.800 bolivianos es una ‘gran fortuna’.
Sin documentos de identidad ni certeza sobre su edad, muchos Tsimané quedan excluidos del sistema y jamás acceden a esa ‘gran fortuna’.
El aislamiento no solo les ha impedido acceder a derechos básicos, como la salud y la educación, sino que también ha dificultado la transmisión de su propio idioma y la posibilidad de aprender a leer y escribir en español, lo que dificulta su comprensión de la vida moderna.
La lengua Tsimané, debido a su largo aislamiento de otras comunidades, no está estrechamente relacionada con ninguna otra de la región amazónica.
Antes de establecerse en las riberas del río Maniquí, las familias Tsimané, que entonces habitaban cerca del Parque Nacional Isiboro Sécure, buscaron, en una amarga experiencia, educación a sus hijos.
Con este fin, los enviaron a comunidades vecinas de origen Mojeño-Trinitario y Yuracaré, donde existían pequeñas escuelas multigrado que ofrecían oportunidades de aprendizaje.
En medio de la selva, estas escuelitas reunían en una sola aula a alumnos de pueblos indígenas de primero a sexto de primaria.
Tenían pupitres, una buena pizarra y material de escritorio en buen estado, pero enfrentaban un obstáculo: los libros de enseñanza estaban escritos en aymara, una lengua propia de los Andes, hablada en Chile, Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador.
El profesor no entendía ese idioma extraño, y los alumnos, que solo conocían la selva, no podían creer lo que veían en los dibujos: escenas de un mundo ajeno a su realidad, como el lago Titicaca, montañas cubiertas de nieve, el cóndor de los Andes, majestuoso señor de los cielos, llamas y alpacas.
La sequía
El río Maniquí nace en las estribaciones de los Andes, donde el agua brota helada y cristalina.
Desde sus humildes orígenes, crece hasta convertirse en un caudaloso afluente que moldea paisajes y sustenta la vida en su recorrido.
En sus primeros tramos, es escoltado por cerros bajos que lo acompañan en su descenso hacia la llanura.
Siglos atrás, este mismo cauce fue recorrido por expediciones españolas.
Uno de ellos ocurrió en 1616, durante los corretajes encomendados por la Corona a sus famosos tercios en su incansable búsqueda de El Dorado, la legendaria ciudad de incalculables riquezas.
Documentos del Consejo de Indias en Sevilla indican que aquella expedición contó con guías quechuas, descendientes de los incas, quienes conocían los caminos abiertos por sus ancestros a través de la selva, desde el norte del actual departamento de La Paz hasta el Gran Mojos, hoy territorio del Beni.
Para los conquistadores, el Maniquí era una ruta hacia la riqueza.
Para Nelson, que alguna vez escuchó esas historias de labios de su abuelo, el río era la arteria de su pueblo.
Ahora, con su cauce debilitado por la sequía, se había convertido en una trampa de fango y obstáculos.
Donde antes fluía una vía próspera, ahora el caudal menguante dejaba al descubierto troncos caídos, maleza y toneladas de barro y piedra, formando empalizadas naturales que impedían una navegación segura.
Apenas un año atrás, sus aguas desbordaron el llano beniano. Ahora, Claudio, Alfredo y Nelson tenían que bajar de la embarcación para empujarla, pues el río, turbio y amarillento, apenas les llegaba a las rodillas.
Pero el retroceso del Maniquí no solo alteró el paisaje. También trajo enfermedades.
La retirada de sus aguas dejó charcos estancados donde proliferaban bacterias y parásitos invisibles. Al beber de ellos, las comunidades enfermaban.
Fiebres acompañadas de vómitos y diarrea causaron algunas muertes en al menos una veintena de aldeas.
Sin pozos ni acceso a fuentes seguras, la gente siguió bebiendo el agua turbia, pues en el Maniquí nunca había sido costumbre hervir el líquido.
Las mujeres, ocupadas en el cuidado de los hijos y los chacos, apenas tenían tiempo para hacerlo.
Además, no contaban con recipientes adecuados para almacenarla. Los envases plásticos que usaban para recoger el agua se cubrían de un sarro amarillento y desprendían un olor a cañería oxidada, una señal inequívoca de la contaminación.
Por las noches, los ancianos hablaban del río con preocupación.
Entre su gente, el conocimiento se transmite como una revelación: “Cuando viene el sereno, se escucha en toda la comunidad el intenso croar de los sapos, y los sapos no croan en los ríos, sino en el agua estancada”.
Bajo el sol abrasador del mediodía, el pesado peque peque avanzaba con dificultad.
Las mujeres embarazadas y los niños sintieron el peso de la travesía y pidieron un descanso.
Nelson miró el río y luego a sus compañeros. Sabía que, aunque el agua aliviara momentáneamente el calor, beberla significaba arriesgar la vida.
Sin otra opción segura, decidió continuar el viaje hasta el ocaso de aquella primera jornada, cuando el calor cediera y pudieran encontrar un lugar donde acampar.
Pez en el agua
Nelson, Claudio y Alfredo eran expertos pescadores.
Conocían cada recodo del río y sabían cómo atrapar peces con redes, trampas, flechas y hasta con sus propias manos en intrépidas zambullidas.
Su destreza no era sólo resultado de la práctica, sino de un conocimiento ancestral. Sin embargo, el Maniquí, que siempre había sido generoso, ahora mostraba signos de decadencia.
Su caudal menguante les revelaba una imagen inquietante: en las lagunas y canales aislados que dejaba el retroceso del agua, los delfines de río —los bufeos— quedaban atrapados y morían lentamente.
El delfín de agua dulce no tiene depredadores naturales, aunque los ancianos de las comunidades decían que, en tiempos de sequía, cuando los ríos se volvían trampas de fango, los caimanes y hasta los jaguares podían atacarlos.
A pesar de su abundancia, las comunidades del Maniquí no los cazaban deliberadamente.
Se narraba que una vez salvó a una mujer que se ahogaba y que la empujó hasta la orilla.
Sin embargo, si alguno quedaba atrapado en las redes, su grasa era aprovechada como remedio para males respiratorios.
Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del Maniquí habían vivido en armonía con el río.
Su supervivencia dependía exclusivamente de él y de lo que les proveía.
El Maniquí, que discurre íntegramente por las llanuras del Beni, forma parte de la vasta cuenca del Amazonas, una de las redes hidrográficas más grandes y biodiversas del mundo.
Para sus pobladores, el río es un ser con voluntad propia, cuyo flujo determina la existencia de hombres y animales.
Entre sus guardianes, el jaguar —al que llaman tigre—ocupa un lugar supremo.
No es un enemigo ni una presa, sino el silencioso dueño de la selva. Así como el río daba y quitaba la vida, el tigre se imponía en el monte.
Para las comunidades indígenas, el tigre es el dueño del río y la selva, de los monos, el taitetú y el tapir, y el guardián de los árboles.
Nelson, a la luz de una hoguera aquella primera noche, recordaba las historias de su abuelo sobre el respeto que los pueblos de la zona le guardaban a la temible fiera.
Mientras acampaban junto al río, el aroma de los pescados frescos puestos a las brasas se mezclaba con el humo del fuego.
En la espesura, un rugido lejano rompió el silencio.
Claudio avivó las llamas mientras su padre narraba en idioma Tsimané la vieja leyenda que solía escuchar de niño: el tigre no era un simple animal, sino un hombre poderoso que podía transformarse a su voluntad.
Quienes le temían decían que castigaba a las malas personas, pero quienes lo comprendían sabían que también protegía.
Claudio permaneció de pie, con la mirada fija en la otra orilla, donde la espesura del monte se fundía con la oscuridad.
Invisible, con su mirada de fuego, el tigre estaba ahí, observando.
Final del viaje
El viaje llegó a su fin aquella tarde del 5 de junio de 2024. Era miércoles, un día cualquiera, pero para ellos marcaba el cierre de una travesía.
La familia había remontado sin contratiempos el río Maniquí desde las estribaciones andinas.
En los últimos 15 kilómetros, navegaron por el manso y estrecho río Rapulo, hasta llegar al puente que lleva el mismo nombre.
Allí se acomodaron bajo su sombra, un lugar fresco y seguro, a solo tres kilómetros del hermoso pueblo de Santa Ana.
El canto de los pájaros se desvanecía, y en la espesa selva tropical, el croar de las ranas, el chirrido de los grillos, el estridente ruido de las cigarras y el rugir de los motores sobre la plataforma llenaban el aire.
El día se desvanecía lentamente y la noche tomaba su lugar.
Y no había tiempo que perder. Descendieron rápidamente, acomodaron a las mujeres embarazadas y a los niños sobre una vieja manta, y descargaron los productos. Separaron lo necesario y sacaron del agua el peque peque.
Nelson ordenó a Claudio y Alfredo llevar al pueblo dos quintales de arroz, los pescados frescos del día y los huevos de tortuga, con la esperanza de obtener algunas monedas para comprar la cena de la ciudad.
Tenían planeado permanecer allí, bajo la estructura del puente, durante cuatro o cinco días, hasta que terminaran la venta.
Los dos jóvenes ascendieron por un sendero empinado, cuyos bordes estaban cubiertos de hierba espesa.
Al llegar al puente, cruzaron rápidamente, y luego se adentraron en el polvoriento camino que serpenteaba hacia el poblado.
La tragedia
La fatalidad de aquel día llegó a las 19:40, apenas un cuarto de hora después de la partida de los dos jóvenes.
Enrique Mole Suárez, un hombre de mediana edad, se había detenido en medio del puente Rapulo con su motocicleta.
Desde allí, contemplaba el ocaso amazónico, un espectáculo de colores que teñía el horizonte.
Decidió inmortalizar el momento y sacó de su bolsillo su teléfono para grabar un video.
Mientras enfocaba, un camión de alto tonelaje F12 avanzaba lentamente a su lado, proveniente de la ruta de Trinidad y con destino a Santa Ana.
Cuando el vehículo quedó a unos tres metros de distancia, un estruendo rompió la quietud del atardecer.
La estructura del puente se quebró abruptamente en su punto medio.
Todo sucedió en un instante.
Antes de comprender lo que ocurría, Enrique sintió cómo el suelo desaparecía bajo él y caía al vacío junto con su motocicleta.
El impacto generó una gran ola en la superficie del río. Enrique quedó sumergido, sintiendo la presión del agua sobre su cuerpo.
Luchó por ascender, pero la corriente lo mantenía atrapado. Fueron minutos de angustia hasta que, con un esfuerzo desesperado, logró salir a la superficie y respirar de nuevo.
Mientras tanto, Ronald Gutiérrez, el conductor del camión, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Al llegar a la mitad del puente, vio cómo uno de los cables tensores se soltaba y, en un segundo, toda la estructura colapsó bajo el peso del vehículo.
La cabina se precipitó al agua, atrapándolo en su interior.
Desesperado, sintió que el aire se le acababa. Luchó contra la corriente y el peso del camión, intentando salir una y otra vez.
En su cuarto intento, ya casi sin fuerzas, logró deslizarse por la ventana del acompañante y emergió a la superficie.
La corriente lo arrastró río abajo hasta que, finalmente, pudo ser rescatado con graves lesiones.
Sus dos ayudantes, que viajaban en la parte trasera, lograron escapar a tiempo. Atónitos y temblorosos, contemplaron la escena con el alivio de haber salido ilesos.
El puente Rapulo, sobre el río del mismo nombre. La marca a
la derecha indica el lugar donde la familia Tsimané se quedaba
durante su viaje a Santa Ana. Foto compartida en redes sociales.
Ocho “chimanés”
La noticia del colapso no tardó en llegar a Santa Ana.
En cuestión de minutos, brigadas de rescate partieron apresuradas hacia el puente, seguidas por una multitud de pobladores que querían entender qué había sucedido.
Entre ellos estaban Claudio y Alfredo.
Los jóvenes escucharon los rumores y corrieron junto al resto del pueblo.
Al llegar, quedaron paralizados.
El puente, que menos de 30 minutos antes habían cruzado sin preocupación, yacía destrozado sobre el río.
Miraban los escombros sin comprender, con la respiración entrecortada.
Entonces, con un suave hilo de voz, dieron la alerta que lo cambiaría todo: su familia estaba debajo de la estructura.
A las 22:00, llegaron al lugar funcionarios públicos con equipos especializados y potentes motores para iluminar la escena del desastre.
La tarea que les aguardaba era titánica: remover cientos de toneladas de concreto y acero retorcido, una labor que exigía el uso de taladros industriales para desmantelar lo que quedaba de la estructura colapsada.
El puente, inaugurado en 2010 con un costo de 1,4 millones de dólares, había sido descrito por el entonces presidente Evo Morales como “el mejor puente del Beni”.
Ahora, sus 121 metros de longitud habían quedado reducidos a escombros y se había convertido en una trampa mortal para “ocho chimanés”.
Conforme avanzaba la madrugada del jueves 6 de junio, tras diez horas de incesante esfuerzo, los rescatistas lograron recuperar los primeros tres cuerpos.
Un par de horas después, hallaron tres más y al día siguiente los otros dos.
La escena era sobrecogedora: restos humanos irreconocibles, huesos molidos, cuerpos destrozados y desmembrados entre los fierros retorcidos y el lodo del río.
El dolor se hacía insoportable. Rescatistas y pobladores observaban desde una distancia prudente mientras el personal forense intentaba identificar y separar los restos.
La tragedia había convertido a Santa Ana de Yacuma, la ‘Capital Ganadera de Bolivia’, en el centro de una noticia que conmocionó al país y trascendió fronteras.
La estructura del puente de 121 metros de longitud
bajo el río. Foto Alcaldía de Santa Ana
Bolsas como mortaja
En los momentos más críticos de Covid-19, entre junio, julio y agosto de 2020, con una crisis política y social, y un gobierno cuestionado, los muertos se contaban por cientos a la semana en Bolivia, los cementerios colapsaron y se multiplicaron las informaciones acerca de fosas comunes.
“El gobierno de Jeanine Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.
En Santa Ana, como en muchas poblaciones amazónicas, la crisis sanitaria obligó a las autoridades a improvisar soluciones ante el desbordamiento de los cementerios.
La falta de espacio y el temor a protestas vecinales llevaron a la habilitación de un terreno a las afueras de la ciudad, donde la vegetación fue arrasada con maquinaria pesada para dar paso al llamado “cementerio Covid-19 de Santa Ana”.
Allí, sin consultar a Claudio, Alfredo ni a las federaciones de pueblos indígenas de la provincia Yacuma, las autoridades municipales dispusieron el entierro de los ocho cuerpos Tsimané.
Tras los informes forenses, los cadáveres fueron mezclados y envueltos en tres lonas plásticas para ser arrojados a fosas comunes.
La despedida fue anónima, breve y desoladora. Menos de una decena de personas, entre amigos y familiares, acompañaron el entierro.
Mientras algunos lloraban en silencio, Claudio y Alfredo entonaron una melodía en su idioma, un último tributo a sus seres queridos.
Un puñado de sepultureros, contratados por una modesta paga, cavaron las fosas con pico y pala bajo el sol abrasador, con temperaturas que superaban los 35 grados.
Uno de ellos, en silencio, trabajó junto a su hermana menor.
Con esfuerzo, cubrieron los cuerpos con tierra, formando tres montículos de un metro de altura.
Sobre cada uno, sin misa ni ceremonias, clavaron cruces de madera, intentando dar a las sepulturas una apariencia de orden y respeto, aunque la tragedia resultaba imposible de ocultar.
Claudio se arrodilló frente a los montículos de tierra recién removida, con la mirada clavada en la madera áspera de las cruces.
Sus dedos temblorosos trazaron en la tierra los nombres que nunca fueron escritos.
A su lado, Alfredo se llevó la mano al pecho, justo donde colgaba el collar de semillas que su abuela le había dado cuando era niño.
Sonia, su esposa, alguna vez había bromeado sobre su apego a ese amuleto, diciendo que algún día tendría que regalarle uno igual a sus hijos.
Tres promontorios en el cementerio Covid-19 de Santa Ana marcan las tumbas de
ocho personas del pueblo Tsimané. Foto: redes sociales
Silencio
En Santa Ana, nadie sabía con certeza qué había sucedido con los restos de la familia Tsimané.
La incertidumbre se extendió hasta la llegada del párroco de la ciudad, Germán Sosa, procedente de Trinidad.
Alarmado por la falta de información, el sacerdote pidió a su equipo de prensa que realizara averiguaciones.
La confirmación llegó cuando entrevistaron al encargado del cementerio, quien admitió que los fallecidos habían sido sepultados en el camposanto habilitado durante la pandemia.
Al acudir al lugar, constataron la realidad: los cuerpos fueron divididos en tres fosas.
En la primera fosa, los tres primeros; en la segunda, otros tres; y en la última, los dos restantes, siguiendo el mismo orden en que fueron rescatados.
La indignación creció aún más. Ni siquiera en los momentos más críticos del Covid-19 se había visto un trato tan indigno hacia los fallecidos.
En medio del colapso sanitario, cuando los cementerios estaban desbordados y se improvisaban entierros de emergencia, las familias aún tenían la oportunidad de despedirse de sus seres queridos, aunque fuera en condiciones precarias.
Esta vez, en cambio, los cuerpos fueron dispuestos sin consulta ni aviso, envueltos en plástico, sin oficio religioso ni oraciones, como si su identidad no importara.
Para muchos, no se trataba sólo de una negligencia, sino de una muestra de desprecio hacia las víctimas por su origen indígena.
La noticia recorrió rápidamente la ciudad, las comunidades y los pueblos cercanos.
Familias, líderes indígenas y defensores de derechos humanos comenzaron a preguntar cómo y por qué habían sido sepultados de esa manera. No hubo explicaciones claras.
Las autoridades municipales argumentaron que se trató de un procedimiento de emergencia. Sin embargo, para los deudos y quienes conocían la historia de la familia Tsimané, no era más que un acto de abandono e indiferencia.
Medios nacionales e internacionales denunciaban el «desprecio» con el que se había tratado a los fallecidos, enterrándolos en fosas comunes únicamente por ser pobres e indígenas.
El entierro, realizado sin ataúdes, con los cuerpos envueltos en bolsas plásticas tal como fueron rescatados y dispuestos en fosas comunes, fue calificado por los habitantes de Santa Ana como un acto “doloroso y discriminatorio”.
Mientras la indignación crecía dentro y fuera del país, las autoridades municipales, departamentales y nacionales se enfrascaban en disputas, tratando de eludir responsabilidades por el colapso del puente Rapulo.
Entre tanto, el Comando Departamental de la Policía informaba que el caso había sido registrado como delito de homicidio culposo.
Una familia Tsimané reza en su lengua ancestral en un mausoleo en el cementerio general de Santa Ana. Miltón Caiti, vestido de negro y amarillo, está junto a su hermano Alfredo y Claudio Vie Pache, quien viste de blanco. A la derecha, el sacerdote Germán Sosa los acompaña. La esposa de Miltón también está presente. Foto familia Caiti
La despedida
Tras una semana de indignación y reproche, la tarde del viernes 14 de junio se llevó a cabo un acto de reparación hacia las víctimas de la tragedia.
Los ocho cuerpos, diez para los Tsimané, fueron exhumados del improvisado cementerio Covid-19 y trasladados en féretros blancos, en un silencioso cortejo, hasta el camposanto municipal.
Allí, un pequeño mausoleo, construido especialmente para ellos, esperaba a recibir los restos de las víctimas.
Ocho nichos, fríos y solitarios, fueron preparados para brindarles un descanso digno.
La construcción de este mausoleo fue una respuesta a la indignación pública y a la presión de las autoridades departamentales y nacionales.
Un equipo forense, compuesto por una docena de profesionales, se encargó de exhumar los cuerpos con el debido respeto y cuidado y depositarlos en féretros blancos.
Al día siguiente, bajo el cálido sol amazónico, familiares y amigos se reunieron para despedir a sus seres queridos en una emotiva ceremonia de dolor y resignación, depositando sus cuerpos en los nichos preparados.
El rito funerario combinó tradiciones católicas con costumbres ancestrales de los Tsimané, incluyendo cantos fúnebres en su lengua originaria y oraciones.
Claudio Vie Pache y Alfredo Caiti, visiblemente afectados, participaron en el sencillo oficio religioso al pie del mausoleo, despidiendo a sus familiares.
Para ellos, la muerte no marcaba un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia.
Hablar de los difuntos y compartir sus historias los mantenía vivos en el recuerdo de quienes los conocieron.
Ese día, en silencio y con pesar, los dos jóvenes experimentaron el rito funerario de manera solitaria, lejos de la multitud que habría estado presente en Turundí, su comunidad.
Ambos rezaron y entonaron melodías tristes, aunque no pudieron seguir algunas de sus costumbres habituales como lavar los cuerpos o colocar objetos cercanos a los difuntos dentro de los ataúdes blancos.
Alfredo quería dejar su preciado collar de semillas, dividiéndolo entre los ataúdes de su esposa y el bebé en su vientre y el hijo de ambos, de apenas un año.
A petición suya, Germán Sosa, párroco de Santa Ana, ofició ese mismo día sencillos actos religiosos junto a los nichos, roció agua bendita en el cementerio Covid, donde antes estuvieron los cuerpos, y también en el lugar de la tragedia.
Cabildo
Con el entierro en el cementerio general, Claudio Vie Pache y Alfredo Caiti completaron el último tramo de su relato.
Durante el cabildo funerario, ante todo su pueblo, alternaron la narración de la travesía que los llevó desde Turundí hasta Santa Ana, un viaje que había comenzado con esperanza y terminó en tragedia.
La comunidad los escuchó en silencio, interrumpiendo los cánticos mientras las mujeres servían la bebida fermentada de maíz.
Al filo de la medianoche, la aldea quedó en penumbras.
Ya no se oían las risas de los niños en el río ni apenas el murmullo de las conversaciones.
Sólo el crepitar de las brasas encendidas acompañaba a los dolientes.
Claudio y Alfredo, aún estremecidos por el recuerdo, sintieron el peso del duelo en sus cuerpos agotados.
A través de sus palabras, la tragedia fue sellada en la memoria del pueblo y quedó inmortalizada en la tradición oral.
Cada detalle de lo vivido, cada nombre pronunciado, pasaría de generación en generación como tejido de la historia de la comunidad.
Entonces, Juana se puso de pie.
No necesitaba permiso para hacerlo.
Había sido ella quien, desde la orilla, despidió en silencio a los viajeros cuando iniciaron el camino hacia Santa Ana, sin saber que era una despedida eterna.
Ahora, con la voz firme y la autoridad que le otorgaba el dolor compartido, habló a nombre de todos los presentes.
—Los diez cuerpos —no ocho, sino los diez— deben volver a la comunidad, dijo con firmeza, clavando la mirada en Claudio y Alfredo.
Todos asintieron en silencio, algunas mujeres secándose las lágrimas.
La anciana tomó nuevamente aire y se armó de valor.
—Sus nombres no se olvidarán en Turundí. Si los dejamos en Santa Ana, será como si nunca hubieran existido, no descansarán en paz en ese lugar, no así. Nosotros decidimos dónde deben estar, no ellos.
Nadie puso en duda las palabras de la sabia Juana.
Nombró en su ancestral lengua a los bebés que Sonia y Erika llevaban en sus vientres, porque también eran parte de ellos, porque su ausencia pesaba igual en el alma del pueblo.
En ese momento, el duelo dejó de ser solo pesar y se convirtió en un deber colectivo: los fallecidos debían regresar a la tierra que los vio nacer, un lugar digno para su descanso, donde sus nombres perdurarían en la memoria de todos a través del regalo de la palabra hablada, esa ofrenda que se transmite de generación en generación.
Entonces, por un momento, el silencio se hizo aún más profundo.
Las lágrimas dejaron de brotar y, poco a poco, volvieron los cánticos tristes, alzándose en la noche amazónica de Turundí.
*Mauricio Carrasco es periodista y escritor boliviano con más de tres décadas de trayectoria en medios de prensa escrita. A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con 20 premios de periodismo. Entre estos galardones destaca el segundo lugar en el renombrado Premio Gabriel García Márquez de Crónica Periodística 2023.
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Muchas veces descuidamos los parámetros básicos en nuestro diario vivir con dispositivos electrónicos.
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Entre otros consejos que le estaré proporcionando en una serie de 5 artículos.
Si eres una empresa, agrega dos hábitos organizacionales:
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Etiquetar y dirigir informes sospechosos a un solo buzón de correo o cola de tickets;
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Muchas veces olvidamos pequeños detalles por rapidez en el momento o descargas sin consultar sus propiedades o dependencias. En mi próxima entrega aremos énfasis a como cuidarnos en redes sociales.
«No se nace mujer: se llega a serlo.» Simone de Beauvoir
El concepto de empoderamiento femenino ha sido, en muchas ocasiones, reducido a una narrativa simplista que responsabiliza a la mujer como individuo de su autonomía y desarrollo. Se piensa que basta con la voluntad personal para alcanzar la igualdad, como si se tratara de una decisión aislada. Este enfoque, sin embargo, es profundamente erróneo. El empoderamiento no es un acto individual, sino un fenómeno estructural, atravesado por factores económicos, jurídicos, sociales, culturales y tecnológicos.
El error del enfoque individualista
Responsabilizar a la mujer de su propio empoderamiento invisibiliza las condiciones estructurales que limitan sus posibilidades. La desigualdad de género no es producto de falta de voluntad, sino de sistemas que reproducen inequidades en múltiples ámbitos: desde la salud sexual y reproductiva hasta el acceso a la justicia y la participación económica.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 5, reconoce que la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas son metas globales. Sin embargo, a siete años de la fecha límite, los avances son insuficientes y las barreras estructurales persisten.
Violencia digital: un nuevo frente de desigualdad
La violencia digital es una manifestación contemporánea de la desigualdad. Desde la difusión no consentida de imágenes privadas hasta el robo de identidad y las amenazas en línea, las mujeres enfrentan un entorno hostil que vulnera su integridad y limita su participación en espacios digitales. Este fenómeno demuestra que el empoderamiento no depende solo de la voluntad, sino de la existencia de marcos legales y tecnológicos que protejan efectivamente a las mujeres.
El ámbito económico: inequidad persistente
La participación laboral de las mujeres en México es del 46.5%, frente al 76.5% de los hombres. Esta diferencia marca el inicio de una cadena de desventajas:
Brecha salarial: por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer recibe 86.
Pobreza laboral: afecta a 49.6 millones de personas, con mayor incidencia en mujeres.
Jefatura femenina: 11.5 millones de hogares dependen de mujeres que, sin ingresos dignos, enfrentan un círculo de precariedad que impacta en el desarrollo social, educativo y emocional de sus familias.
Estos datos evidencian que el empoderamiento femenino no puede reducirse a un acto de voluntad personal, sino que requiere políticas públicas que garanticen condiciones estructurales de igualdad.
El componente jurídico y social
La falta de acceso efectivo a la justicia, la revictimización y la impunidad refuerzan la idea de que la autonomía femenina está condicionada por sistemas institucionales que no cumplen su función protectora. El empoderamiento, entonces, es inseparable de la transformación de estructuras jurídicas y sociales que perpetúan la desigualdad.
Empoderar exige cambiar el sistema
El empoderamiento femenino es un proceso colectivo y estructural. No basta con que las mujeres “decidan” empoderarse; se requiere transformar los sistemas económicos, jurídicos, sociales y culturales que limitan sus oportunidades. La igualdad de género no es un asunto de voluntad individual, sino un compromiso global que exige políticas públicas, marcos legales efectivos y una sociedad que reconozca y desmantele las barreras estructurales.
«La igualdad de género no es un regalo, es una conquista que exige transformar las estructuras del poder.» Clara Zetkin
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
«Justicia demorada es justicia denegada, pero justicia sesgada es opresión legalizada».
A las puertas de un nuevo Día Internacional de la Mujer, el mundo se enfrenta a una verdad que la diplomacia ya no puede maquillar: el Estado de derecho está naufragando. El reciente informe de ONU Mujeres no es una simple recopilación de estadísticas; es el acta de defunción de la imparcialidad judicial. Mientras los discursos oficiales celebran la «igualdad», los tribunales del mundo están operando bajo una arquitectura de exclusión que deja a las mujeres y las niñas en una intemperie jurídica sin precedentes.
El dato es escalofriante: las mujeres solo disfrutan del 64% de los derechos que poseen los hombres. No estamos ante un fallo del sistema, sino ante un diseño sistemático. Cuando en el 54% de los países la violación no se define por la falta de consentimiento, la ley no está protegiendo a la víctima; está protegiendo la impunidad del agresor. Es una «justicia de papel» que se desintegra en el momento en que una mujer cruza el umbral de una comisaría o un juzgado.
Esta crisis de legitimidad se agrava en un contexto de retroceso democrático global. Como bien advierte Sarah Hendriks de ONU Mujeres, el espacio cívico se reduce mientras un rechazo organizado a la igualdad de género gana terreno en las legislaturas. No es coincidencia que el 44% de las naciones carezca de leyes de igualdad salarial. El mensaje es claro: el trabajo de una mujer vale menos, su autonomía física es negociable y su futuro puede ser subastado en matrimonios infantiles permitidos por la ley en casi tres de cada cuatro países.
Pero el campo de batalla no es solo el código penal. En 2024, la violencia se ha vuelto un arma de guerra masiva. Con 676 millones de mujeres viviendo en zonas de conflicto, el aumento del 87% en la violencia sexual relacionada con la guerra es el síntoma de una humanidad que ha perdido su brújula moral. Los tribunales internacionales y nacionales, a menudo lentos y burocráticos, observan desde la barrera cómo se reescriben las leyes para silenciar a las víctimas.
La advertencia de Sima Bahous es una sentencia para nuestras democracias: un sistema que ignora a la mitad de su población no puede llamarse justicia. La erosión de la confianza pública no es un daño colateral; es el principio del fin del contrato social. Si permitimos que el 90% de las organizaciones que rescatan a mujeres desaparezcan por falta de presupuesto en los próximos dos años, habremos aceptado el apagón de los derechos humanos.
La reforma necesaria debe ser radical y urgente. Necesitamos sistemas judiciales diseñados por y para mujeres antes de 2030. No se trata de una concesión graciosa, sino de una medida de supervivencia para el Estado de derecho. Si no somos capaces de garantizar que una niña en cualquier rincón del mundo tenga los mismos derechos que su hermano, entonces la justicia es, simplemente, el más cruel de los espejismos.
«La medida del progreso de una civilización no se encuentra en sus rascacielos, sino en la seguridad jurídica que ofrece a su ciudadana más vulnerable».
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
El presidente del Indotel y de Regulatel destacó el rol arbitral del regulador, la defensa del usuario, la competencia efectiva y la modernización del marco normativo dominicano
Barcelona, España. – El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, resaltó la necesidad de fortalecer el rol arbitral de los órganos reguladores, garantizar la competencia efectiva y colocar la protección del usuario en el centro de la política pública, durante su participación en la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) celebrada en Barcelona.
En su condición de presidente del Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (Regulatel), Gómez Mazara encabezó el diálogo regional sobre la evolución de los entes reguladores en América Latina, destacando que el contexto actual obliga a superar la concepción tradicional de un regulador pasivo y avanzar hacia un modelo más dinámico, que funcione como puente de entendimiento entre todos los actores del ecosistema digital.
El funcionario subrayó que la protección del usuario constituye un principio irrenunciable en la experiencia dominicana, y aseguró que toda política regulatoria debe orientarse a resguardar derechos, promover la calidad de los servicios y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema.
Asimismo, resaltó la importancia de preservar la armonía entre los distintos actores (Estado, empresas y usuarios) como base para consolidar un entorno sostenible e innovador. En ese sentido, defendió la competencia como motor de eficiencia y crecimiento, advirtiendo que sin reglas claras y supervisión efectiva no es posible garantizar mercados justos.
Durante su intervención, compartió además los avances de República Dominicana en materia de impulso a las habilidades digitales, destacando que el rol del regulador también implica acompañar los procesos de transformación tecnológica con una visión inclusiva, que contribuya al cierre de brechas y al fortalecimiento del capital humano.
Gómez Mazara se refirió igualmente a las perspectivas de modernización del marco normativo de las telecomunicaciones en el país, indicando que la nueva legislación en discusión busca responder a los desafíos de la convergencia tecnológica, robustecer la seguridad jurídica y consolidar mecanismos más eficaces de protección al usuario.
Asimismo, valoró estos espacios multilaterales como escenarios fundamentales para intercambiar experiencias y construir consensos regionales en torno a una regulación moderna, equilibrada y orientada al desarrollo.
Gómez Mazara extendió la invitación para que República Dominicana pueda acoger futuras cumbres regulatorias, reafirmando la disposición del país de continuar impulsando el diálogo y la cooperación en el sector.
A cuatro mil metros de altura, las ruinas de Tiahuanaco desafían al tiempo como mudos testigos de uno de los imperios más grandes de la humanidad.
El origen de esa ciudad y el recuerdo de su pasado distorsionan aún hoy la misteriosa desaparición de los llamados «hijos del Sol».
Sin embargo, no todo ha muerto. Desde esa tierra enigmática viajaron hasta la metrópoli —entrelazadas con la fe religiosa del conquistador español— las creencias y el misticismo del hombre originario, que hoy conviven en la llamada «Calle de las Brujas», donde pervive, intacto, el culto a lo desconocido.
En una estrecha y empinada callejuela que hace tiempo cambió el empedrado por el asfalto, flanqueada por vetustos kioscos y encajada entre iglesias y casas coloniales, late el corazón más antiguo de La Paz.
Tanto su valor histórico como su singularidad cultural fueron reconocidos en 2019, cuando el Mercado de las Brujas fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad, distinción que vino a consagrar lo que paceños, bolivianos del interior y visitantes de todo el mundo ya sabían de sobra: que este rincón es único e irrepetible.
Empresarios que llegan en auto, indígenas con sus atuendos originarios, turistas despistados y clase media de barrio: todos se mezclan sin distinción en la Calle de las Brujas.
La búsqueda es la misma para todos —salud, dinero, amor, suerte— y el misticismo, el camino elegido para encontrarla. Aquí las jerarquías sociales se disuelven ante el poder de una hoja de coca o el humo de una «mesa» bien preparada.
Y es que la fama de este mercado ha trascendido hace tiempo las fronteras del altiplano.
Turistas de los cinco continentes llegan cada año hasta esta empinada callejuela del centro paceño, guía en mano o simplemente siguiendo el olor a hierbas e incienso que se escapa entre los kioscos.
Europeos, norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos recorren sus pasillos con la misma mezcla de asombro y curiosidad, fotografiando fetos de llama, amuletos y pócimas, preguntando por el sorojchi o atreviéndose a consultar a una curandera.
Para muchos, la visita a la Calle de las Brujas se ha convertido en una experiencia obligada al recorrer La Paz, tan icónica como el teleférico o la vista del Illimani desde los miradores de la ciudad.
Allí, las antiguas medicinas indígenas compiten con éxito contra los más sofisticados productos farmacéuticos.
Médicos dubitativos, parejas inseguras, enfermos adoloridos y comerciantes ambiciosos buscan entre sus pasillos las hierbas que pondrán remedio a sus males, disiparán sus miedos o harán realidad sus aspiraciones.
Raíces, tallos, hojas, flores, musgos y cortezas se ofrecen en preparaciones de las que se dice curan toda clase de dolencias.
Los nombres de las plantas suenan a misterio: tojlolo, huairuro, curucuru, coa, huillca, lampaya, tillicoa, pupusa, tikacoa, aluzema, chijchipa, keakea, chachacoma, airampo, huirahuira… o unos espinos llamados, con dulce ironía, «amor seco».
Aunque sus nombres en aymara o quechua resulten irreconocibles, las enfermedades que se supone curan son universales: cáncer, presión alta, gripe, diabetes, infecciones respiratorias, acné.
La «medicina natural» —como denominan las curanderas a sus pociones— se ha mezclado con la bioquímica y se ha lanzado al mercado con nombres que funden el inglés y el aymara.
Las Sorojchi Pills, por ejemplo, se venden en farmacias como remedio contra los desagradables efectos que los cuatro mil metros del altiplano provocan en los turistas: el sorojchi, o «mal de altura» en aymara, los síntomas causados por la disminución del oxígeno y la presión atmosférica. Su fórmula incluye pupusa y otras hierbas de estas laderas.
Para la gripe, lampaya o aluzema. Para el estómago, chachacoma. Para el hígado, sillusillu. Para la diabetes, charara. Para la presión alta, sábila. Para conciliar el sueño, valeriana.
Personas de todos los estratos sociales —empresarios, indígenas, extranjeros, clase media— desean salud y buena suerte y recurren al misticismo para encontrarlas en la Calle de las Brujas. Fotografía Mauricio Carrasco.
Un mundo de ilusión
En este rincón citadino donde el tiempo parece haberse detenido, la vida del hombre y sus creencias se despliegan en capas. Cada objeto, igual que cada tubérculo medicinal, porta su propia connotación religiosa y mística, orientada siempre hacia la bendición o la prosperidad.
Las figuras de barro cocido del hombre y la mujer, representados en escenas íntimas, simbolizan el inicio de la familia y la procreación como mandato divino. El sapo y la tortuga brindan seguridad y ahuyentan la mala suerte en el hogar. El búho, en cambio, atrae la buena fortuna; el perro, custodia la casa.
Si lo que acecha es el odio o la venganza, ambos pueden volverse contra el enemigo con un baño de flores aromáticas en el que se remoje el tojlolo, semilla con forma de cráneo humano. Los creyentes que desean prosperidad «sauman» sus moradas o lugares de trabajo con las «mesas» que se consiguen aquí mismo.
Las «mesas» son mezclas de hierbas secas que se queman para atraer la buena suerte y los favores de la Pachamama, diosa de la tierra en las culturas aymara y quechua.
Sobre ellas se colocan el coa, el titi y el killi —amuletos de buena fortuna—, alcohol para que nunca falten las bebidas espirituosas, y un sullu, feto de llama para la abundancia. No debe faltar una nuez: si es carnosa, el año vendrá bien; si no, mejor prevenir.
Para el rito del «saumerio» es imprescindible el kallawaya, el sabio en lengua aymara, quien inicia la ceremonia separando las hojas de coca buenas de las malas antes de lanzarlas sobre un aguayo para leer el futuro.
La posición de cada hoja revela lo que le espera a la persona o a la pareja en la salud, el dinero, el amor y los negocios.
Dicen que para la buena suerte la retama, la ruda o el romero son los más indicados. Y así, con la misma fe con que unos encienden una vela ante un santo y otros depositan una ofrenda a la Pachamama, la Calle de las Brujas sigue siendo, año tras año, el lugar donde La Paz busca sus respuestas.
*Mauricio Carrasco es un periodista y escritor boliviano con más de tres décadas de trayectoria en medios de prensa escrita. A lo largo de su carrera, ha sido distinguido con 20 premios de periodismo. Entre estos galardones destaca el segundo lugar en el renombrado Premio Gabriel García Márquez de Crónica Periodística.
«El trabajo humano no es una mercancía.» Declaración de Filadelfia, OIT (1944)
La expansión de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito laboral ha transformado de manera radical las condiciones de trabajo. Detrás de cada algoritmo, chatbot o sistema automatizado existe una fuerza de trabajo invisible compuesta por moderadores de contenido, etiquetadores de datos y repartidores sometidos a la gestión algorítmica. Estos trabajadores, protagonistas de una realidad poco visibilizada, enfrentan precarización laboral en la era digital. La IA se presenta como el motor de la innovación tecnológica contemporánea, pero su funcionamiento descansa sobre tareas invisibles que plantean serias preocupaciones en tres dimensiones fundamentales: los derechos humanos, el impacto psicológico y las implicaciones legales. Reconocer esta realidad es imprescindible para comprender que la innovación no puede desligarse de la dignidad laboral ni de la protección integral de quienes sostienen, con su esfuerzo, el sistema tecnológico actual.
El trabajo invisible y el trauma detrás de las pantallas
Los moderadores de contenido, especialmente en países del Sur Global, se enfrentan diariamente a material altamente traumático: escenas de violencia sexual, accidentes y muertes. Estas tareas, realizadas bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, generan impactos psicológicos severos y perpetúan un ambiente de silenciamiento. Lo que inicialmente se presenta como una oportunidad laboral para comunidades rurales y mujeres con acceso limitado al empleo, termina convirtiéndose en una experiencia de desgaste emocional y vulneración de derechos.
El trabajo invisible de la inteligencia artificial plantea serias preocupaciones en materia de derechos humanos y laborales. A estos moderadores se les exige firmar cláusulas de confidencialidad que les impiden denunciar abusos, lo que vulnera su derecho a la libertad de expresión y a condiciones de trabajo dignas. Paralelamente, los repartidores sometidos a algoritmos que fijan tiempos de entrega imposibles ven comprometida su seguridad y su salud en el trabajo. La gestión algorítmica, al imponer objetivos inalcanzables y presiones constantes, convierte el derecho humano al trabajo decente en una promesa incumplida y expone a los trabajadores a riesgos físicos y psicológicos que el marco legal aún no regula de manera suficiente.
La gestión algorítmica y la presión sobre los trabajadores
Los algoritmos no solo organizan datos: también regulan vidas. Repartidores y conductores son sometidos a sistemas que imponen tiempos de entrega imposibles, incentivos basados en la velocidad y sanciones automáticas. El resultado es un aumento de accidentes, ansiedad y decisiones laborales peligrosas. Lo que se presenta como eficiencia tecnológica termina siendo una forma de intensificación del trabajo y reducción de la autonomía humana. La paradoja es evidente: la inteligencia artificial promete optimización, pero en la práctica genera precariedad.
El costo emocional de la moderación de contenidos es igualmente devastador. Revisar diariamente escenas de violencia sexual, accidentes y muertes produce traumas comparables a los de profesiones de alto riesgo, pero sin reconocimiento ni apoyo psicológico. En el caso de los repartidores, la presión constante de los algoritmos genera ansiedad, estrés y decisiones laborales que ponen en riesgo su integridad física.
El trabajo invisible de la inteligencia artificial se convierte así en una forma moderna de explotación, donde la salud mental y la seguridad de los trabajadores son sacrificadas en nombre de la eficiencia tecnológica. Esta realidad exige ser visibilizada y regulada, pues detrás de cada avance digital hay vidas humanas sometidas a condiciones que vulneran derechos fundamentales.
La necesidad de regulación y justicia social
Desde el punto de vista jurídico, la gestión algorítmica plantea desafíos inéditos en el ámbito laboral. Los sistemas automatizados tienen la capacidad de asignar turnos, fijar salarios e incluso despedir trabajadores con mínima supervisión humana y sin vías de apelación efectivas. Esta práctica vulnera principios esenciales del derecho laboral, como la tutela judicial efectiva, el derecho a la negociación colectiva y la garantía de un debido proceso. La ausencia de una regulación específica sobre la inteligencia artificial en el trabajo coloca a los trabajadores en una situación de indefensión frente a decisiones automatizadas que afectan directamente su sustento y dignidad.
Ante este panorama, resulta urgente que los marcos legales nacionales e internacionales reconozcan la responsabilidad de las empresas tecnológicas y establezcan mecanismos claros de reparación y protección. La Organización Internacional del Trabajo y la Unión Internacional de Telecomunicaciones han advertido que la IA ya está transformando el mundo laboral. El reto no consiste en frenar la innovación, sino en garantizar que esta transformación se traduzca en trabajo decente y justicia social.
La regulación internacional debe asegurar que la inteligencia artificial amplíe el potencial humano en lugar de socavar la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Para ello, es necesario pasar de un enfoque centrado exclusivamente en la eficiencia tecnológica hacia una gobernanza basada en los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad. Solo así será posible que la innovación digital se convierta en un instrumento de progreso y no en una nueva forma de precarización laboral.
Dignidad laboral frente a la inteligencia artificial
La inteligencia artificial no puede seguir avanzando sobre la base de un trabajo invisible y precarizado. Desde la perspectiva laboralista, resulta indispensable establecer regulaciones que protejan los derechos humanos, garanticen apoyo psicológico y definan responsabilidades legales claras para las empresas tecnológicas. La innovación debe estar siempre subordinada al principio de dignidad humana y al derecho al trabajo decente, pues el futuro laboral no puede construirse sobre el sufrimiento silencioso de quienes sostienen la IA.
Es fundamental reconocer que la inteligencia artificial no es un ente autónomo: depende de miles de trabajadores invisibles que la alimentan, supervisan y mantienen en funcionamiento. La invisibilidad de este esfuerzo constituye una forma moderna de explotación que debe ser denunciada y regulada. El futuro del trabajo en la era digital exige visibilizar y dignificar a estos trabajadores, integrando sus derechos en el corazón mismo de la innovación tecnológica.
Solo mediante una transición hacia una sociedad más justa, que coloque la dignidad laboral en el centro de la transformación digital, será posible que la inteligencia artificial se convierta en un verdadero instrumento de progreso humano y no en una nueva forma de precarización.
«La tecnología debe servir al ser humano, nunca el ser humano ser esclavo de la tecnología.» Albert Einstein
Araceli Aguilar Salgado Periodista, Abogada, Ingeniera, Escritora, Analista y comentarista mexicana, de Chilpancingo de los Bravo del Estado de Guerrero E-mail periodistaaaguilar@gmail.com
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